Contexto procesal y tribunal competente

La providencia objeto de análisis fue dictada por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, en segunda instancia. Esta resolución confirma el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó la tutela interpuesta contra la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales a nivel nacional, encargada de tramitar procesos de liquidación judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante promovió acción de tutela solicitando la protección de múltiples derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital, dignidad humana, propiedad, trabajo y derecho a la tierra. La controversia se originó en el marco del proceso de liquidación judicial de una empresa agrícola, en el cual se realizó una diligencia de secuestro sobre un predio rural denominado “Finca Guacharacas”. El actor alegó diversas irregularidades en el procedimiento, tales como la admisión irregular de la empresa al trámite de reorganización, inconsistencias contables, inclusión indebida del predio en el patrimonio de la concursada, ausencia de vinculación de entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras, y la existencia de procesos judiciales pendientes que afectan la propiedad del inmueble. Se denunció además que la diligencia de secuestro fue ejecutada sin comunicación previa, con acompañamiento policial y sin permitir la intervención de las familias campesinas asentadas en el predio, quienes fueron desalojadas sin oír sus oposiciones. El accionante también cuestionó la competencia de la autoridad que realizó la diligencia, argumentando...