Contexto y origen del proceso judicial

La providencia judicial en cuestión fue emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia máxima encargada de dirimir recursos de impugnación en materia penal. La acción de tutela fue promovida en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la misma Sala de Casación Penal, quienes en primera y segunda instancia respectivamente determinaron la responsabilidad penal de un exfuncionario municipal y otros coacusados por delitos relacionados con la administración pública. Los hechos se remontan a un proceso penal iniciado por la Fiscalía y el Ministerio Público contra varios funcionarios públicos y particulares, en el cual un juzgado de primera instancia dictó sentencia absolutoria en 2017, complementada en 2019. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior revocó parcialmente este fallo en 2023, condenando a los procesados por falsedad material e ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado. Posteriormente, la Sala de Casación Penal confirmó en gran medida esta condena en 2025, imponiendo además inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por veinte años a algunos de los condenados.

Principales argumentos del accionante y respuesta judicial

El accionante, personificado a través de apoderado judicial, cuestionó la decisión argumentando violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y la dignidad humana. Señaló que la condena se sustentó en valoración probatoria irrazonable, ausencia de elementos probatorios que acreditaran su autoría, nulidad procesal por prescripción de la acción penal y desconocimiento del principio de prohibición de regreso, pues...