Contexto y entidades emisoras

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial es la entidad responsable de organizar y supervisar la impartición de justicia en asuntos militares y policiales en Colombia. En ejercicio de sus funciones establecidas en la Constitución Política y diversas leyes y decretos, emitió la Resolución 000614 de 31 de julio de 2025, publicada en el Diario Oficial No. 53.213 del 15 de agosto de 2025. Esta resolución adiciona y aclara disposiciones contenidas en la anterior Resolución 000511 del 1º de julio de 2025, que había fijado la distribución territorial de los juzgados y fiscalías penales militares.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de esta resolución es la ubicación y distribución territorial de las fiscalías y juzgados penales militares y policiales que conocen procesos contra el personal uniformado del Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana. La regulación de esta distribución es fundamental para garantizar una administración de justicia eficiente y oportuna en el marco de la Ley 522 de 1999, que establece el Código Penal Militar y regula el sistema inquisitivo aplicable a estos casos. Los destinatarios principales de esta resolución son los órganos judiciales y fiscales de la Justicia Penal Militar y Policial, así como el personal uniformado de las fuerzas armadas y policiales que puede estar sujeto a procesos judiciales en esta jurisdicción. La adecuada delimitación territorial tiene impacto directo en la organización interna, asignación de casos y funciones jurisdiccionales, lo que afecta la operatividad del sistema de justicia especializado.

Objetivo y finalidad de la resolución

La resolución busca corregir omisiones y errores de transcripción detectados en la Resolución 000511 de 2025, sin modificar el contenido sustancial de la regulación previa. Específicamente, adiciona comandos aéreos de combate omitidos en la distribución de competencias de la Fiscalía ante Juez de Inspección General de la Fuerza Aérea, incorpora el Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar que había sido excluido de la distribución territorial, y elimina la indicación de reparto para el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar respecto a algunos municipios, atendiendo a la suspensión prevista en actos administrativos anteriores. Asimismo, la resolución aclara el alcance temporal de la distribución territorial para las indagaciones e investigaciones, precisando que aplica para denuncias instauradas a partir de la fecha de expedición de la resolución que estableció la distribución original.

Principales disposiciones y modificaciones

Los puntos destacados de la Resolución 000614 de 2025 son:

Adición al artículo 2º de la Resolución 000511 de 2025: Se incluye la ubicación y distribución territorial para la Fiscalía ante Juez de Inspección General de la Fuerza Aérea Colombiana, incorporando comandos aéreos de combate previamente omitidos.
Adición al artículo 3º: Se incluye al Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar dentro de la distribución territorial de los juzgados que conocen procesos contra miembros de las fuerzas armadas.
Aclaración del parágrafo: Se aclara que la distribución territorial aplica para investigaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de expedición de la resolución que estableció la distribución original (Resolución 000511 de 2025).
Eliminación de referencia a reparto en el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar para ciertos municipios, en atención a la suspensión del reparto establecida en la Resolución 000793 de 2024.
Derogatoria expresa: La resolución deroga expresamente todas las disposiciones contrarias, en particular la Resolución 000425 de 2024 y sus modificaciones, para mantener coherencia normativa.

Fundamento legal

La resolución se sustenta en un marco jurídico robusto, que incluye:

Los artículos 240 a 254 y 260 de la Ley 522 de 1999, que regulan la competencia de los juzgados penales militares y fiscalías en procesos contra personal uniformado.
Los artículos 54 y 95 de la Ley 1765 de 2015, que establecen funciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, incluyendo la adopción de decisiones para garantizar la oportuna y eficaz impartición de justicia y la determinación de la distribución territorial de despachos judiciales.
El Decreto 312 de 2021, que reglamenta la estructura interna y funciones de la Unidad Administrativa Especial.

Impacto potencial

Esta resolución fortalece la organización territorial de la Justicia Penal Militar y Policial, fundamental para asegurar que los procesos contra el personal uniformado se adelanten con la debida competencia y sin vacíos jurisdiccionales. La incorporación de unidades omitidas y la corrección de errores previos contribuyen a la eficiencia y claridad en la asignación de casos. Además, la precisión respecto a la aplicación temporal de la distribución territorial evita confusiones sobre la competencia para investigaciones iniciadas antes y después de la resolución, lo que es esencial para la seguridad jurídica de los involucrados. Finalmente, la derogatoria expresa de normas anteriores asegura la vigencia de un marco normativo actualizado y coherente, facilitando la gestión judicial en este ámbito especializado.

Conclusión

La Resolución 000614 de 2025 representa una actualización técnica y administrativa que mejora la operatividad de la Justicia Penal Militar y Policial en Colombia. Su correcta implementación contribuirá a que los procesos judiciales en esta jurisdicción se desarrollen con mayor claridad, orden y eficacia, en concordancia con la normativa vigente y las funciones asignadas a la Unidad Administrativa Especial. Para consulta directa, el texto completo de la Resolución 000614 de 2025 está disponible en el Diario Oficial.

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Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial ajusta distribución territorial en procesos militares y policiales

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