Contexto y origen del conflicto

La Corte Constitucional emitió un auto en el que dirimió un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca y el Juzgado 007 Administrativo de Arauca, en relación con un proceso ejecutivo hipotecario promovido por un establecimiento público departamental contra un particular. La controversia surgió porque ambos juzgados se declararon incompetentes para conocer el caso, generando un vacío jurisdiccional que fue sometido a decisión de la Corte. El proceso se originó a partir de una demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por un instituto de desarrollo territorial contra un ciudadano por el incumplimiento de obligaciones contenidas en un pagaré garantizado con hipoteca sobre un inmueble. Tras varias actuaciones, el juzgado civil municipal inicialmente declaró su falta de competencia, argumentando que, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA), los procesos ejecutivos derivados de contratos con entidades públicas deben ser conocidos por la jurisdicción contencioso administrativa. Posteriormente, el juzgado administrativo, tras consultar al instituto demandante sobre la naturaleza contractual del pagaré, concluyó que el título valor no se originó en un contrato estatal y, por tanto, carecía de competencia para conocer el asunto. En consecuencia, planteó el conflicto negativo de jurisdicción ante la Corte Constitucional para que definiera qué jurisdicción era competente.

Competencia y criterios constitucionales aplicados

La Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, analizó el planteamiento y verificó la concurrencia de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración del conflicto...