Contexto y naturaleza de la providencia

La Corte Constitucional de Colombia, en ejercicio de sus funciones constitucionales previstas en el artículo 241.11 de la Constitución Política, emitió el Auto 825 de 2025, mediante el cual dirimió un conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones. Este conflicto se dio entre un Juzgado Promiscuo del Circuito del departamento de Caquetá y el Resguardo Indígena Agua Negra Murui-Muina del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La cuestión giraba en torno a la competencia para conocer un proceso penal por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad. La providencia se pronuncia en sede de Sala Plena, con carácter vinculante y en cumplimiento del control constitucional sobre la delimitación de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena, en línea con los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional consolidada.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por la madre de una menor de 12 años, tras la activación de la ruta de atención por sospecha de abuso sexual en un hospital del Caquetá. La Fiscalía Seccional recibió la noticia criminal y adelantó la investigación correspondiente, imputando cargos por acceso carnal abusivo y actos sexuales agravados contra el presunto agresor, quien pertenece al Resguardo Indígena Agua Negra. El proceso penal fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, que realizó las audiencias de legalización de captura y formulación de acusación, manteniendo al imputado en medida de aseguramiento privativa de la libertad. Paralelamente, las autoridades del resguardo indígena solicitaron que el caso fuera trasladado a la jurisdicción especial indígena, alegando la aplicación del...