Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales, adoptó el Auto 842 de 2025 para resolver un conflicto de competencias suscitado entre un Juzgado Administrativo y un Juzgado Promiscuo Municipal. El conflicto surgió por una demanda reivindicatoria presentada por particulares contra una Alcaldía Municipal, en la que se solicitaba la restitución de un bien inmueble presuntamente ocupado ilegalmente por dicha entidad territorial. El conflicto se presentó luego de que el Juzgado Promiscuo Municipal se declarara incompetente para conocer el caso y remitiera el expediente al Juzgado Administrativo de Turbo, que a su vez también rechazó su competencia, proponiendo el conflicto negativo de jurisdicciones y enviando el asunto a la Corte Constitucional para su decisión definitiva.

Antecedentes fácticos y procesales

Dos ciudadanas interpusieron una demanda reivindicatoria contra una Alcaldía Municipal, buscando la restitución de un inmueble registrado bajo una matrícula inmobiliaria específica. La demanda incluía pretensiones complementarias como la suspensión de posesión ilegal, prohibición de enajenaciones y restricciones sobre el uso del inmueble, así como la condena al pago de frutos y costas procesales. Inicialmente, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan de Urabá se declaró incompetente y remitió el caso a la jurisdicción administrativa. Posteriormente, el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Turbo también declaró su falta de competencia y planteó el conflicto de jurisdicciones ante la Corte Constitucional, argumentando que la acción reivindicatoria, por su naturaleza, corresponde a la jurisdicción civil ordinaria.

Consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional analizó los presupuestos necesarios para la configuración del conflicto de jurisdicciones, verificando que concurrían...