Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencias planteado ante la Corte Constitucional tuvo origen en una acción popular interpuesta por el representante legal de una organización no gubernamental, que denunció irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de la coalición política que participó en las elecciones 2022-2026. La demanda señalaba la posible violación de los topes legales permitidos para este tipo de campañas, incluyendo omisiones en reportes financieros y la recepción de financiación prohibida. El proceso fue inicialmente asignado al Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, que inadmitió la acción popular por cuestiones formales y, posteriormente, rechazó su competencia para conocer el asunto, argumentando que debía tramitarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esta decisión se basó en que la acción popular se dirigía contra un particular en su calidad de gerente de campaña, considerado como persona que desempeña funciones administrativas, y en las disposiciones legales que asignan a dicha jurisdicción la competencia sobre actos de entidades públicas o personas que ejercen funciones administrativas. Sin embargo, al remitir el expediente al Juzgado Administrativo correspondiente, esta autoridad también declaró su falta de competencia y elevó la controversia a la Corte Constitucional, señalando que los partidos políticos y sus campañas no constituyen entidades públicas ni ejercen funciones administrativas, por lo que el tema debía ser resuelto por la Jurisdicción Ordinaria Civil.

Fundamentos jurídicos y análisis de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en ejercicio de la competencia que le confiere el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política para resolver conflictos de competencia entre jurisdicciones, examinó los presupuestos necesarios para la existencia de un conflicto jurisdiccional: la presencia de dos autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones en disputa, la naturaleza judicial del proceso y la manifestación expresa de razones legales o constitucionales sobre la competencia. El análisis se centró principalmente en el régimen especial de competencia y vigilancia asignado al Consejo Nacional Electoral por la Constitución y la Ley Estatutaria 996 de 2005. En particular, el artículo 265 constitucional establece que el Consejo Nacional Electoral tiene a su cargo la regulación, inspección, vigilancia y control de toda actividad electoral de partidos, movimientos políticos y sus candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que les corresponden. Además, la ley estatutaria otorga al Consejo la facultad para adelantar auditorías e investigaciones sobre la financiación de campañas, así como para imponer sanciones en caso de irregularidades. Las normas también establecen la responsabilidad solidaria del candidato presidencial, gerente de campaña, tesorero y auditor en la presentación oportuna de informes y el cumplimiento del régimen de financiación. La Corte recordó que en una decisión previa, adoptada en el Auto 916 de 2024, ya se había concluido que el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para determinar la violación de topes de financiación en campañas presidenciales. Esta competencia preferente implica que no es procedente el trámite judicial simultáneo para resolver la misma controversia. Respecto a la posible cosa juzgada, la Sala Plena descartó su aplicación en el caso actual, debido a que no existe identidad de objeto ni de partes entre los procesos judiciales involucrados. En consecuencia, la controversia actual debe resolverse conforme a la regla establecida en la providencia anterior. Finalmente, la Corte señaló que, dado que el Consejo Nacional Electoral ya adelanta investigaciones administrativas sobre la campaña y el gerente de campaña cuestionados, no es procedente que los juzgados Civil ni Administrativo conozcan de la acción popular interpuesta, pues ello implicaría una duplicidad en la tramitación y una interferencia con la competencia asignada al Consejo.

Decisión y alcance de la providencia

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional dictó el Auto 843 de 2025, mediante el cual declaró que ni el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá ni el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá tienen competencia para conocer la acción popular en cuestión. La Corte ordenó comunicar esta decisión a las partes involucradas y a los juzgados que conocieron inicialmente del proceso, y dispuso el archivo del expediente en ambas instancias judiciales. Esta providencia reafirma la competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral para determinar la existencia de violaciones a los topes legales de financiación en campañas presidenciales, en concordancia con la Constitución y la Ley Estatutaria 996 de 2005, y establece un precedente claro para la resolución de controversias similares relacionadas con la financiación electoral.

Implicaciones y relevancia para el sistema jurídico-electoral

La decisión enfatiza el carácter especializado y exclusivo que la Constitución y la legislación atribuyen al Consejo Nacional Electoral en el control y vigilancia de las campañas presidenciales. La exclusividad de esta competencia busca garantizar un manejo técnico y especializado de las investigaciones sobre financiación electoral, evitando la dispersión de jurisdicción y posibles conflictos entre órganos judiciales. Asimismo, la providencia contribuye a la seguridad jurídica al delimitar claramente los ámbitos de competencia de las diferentes jurisdicciones frente a controversias sobre financiación política, especialmente en materia de acciones populares que buscan proteger derechos e intereses colectivos. En suma, el Auto 843 de 2025 de la Corte Constitucional constituye un hito en la definición de competencias jurisdiccionales en materia electoral, consolidando la autoridad del Consejo Nacional Electoral y estableciendo criterios uniformes para evitar la tramitación paralela de procesos sobre la misma materia, garantizando así la eficacia y coherencia en el control de la financiación de campañas presidenciales.

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Corte Constitucional define competencia sobre controversia en financiación de campaña presidencial

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