Contexto y antecedentes del conflicto jurisdiccional

El conflicto surge tras la presentación de una acción de cumplimiento, el 20 de enero de 2025, contra varias entidades públicas y una empresa privada, con el fin de exigir la observancia de una orden administrativa que ordenaba la demolición de una construcción edificada sin licencia en un predio del municipio de Rionegro, Antioquia. La acción fue promovida con base en lo previsto en el artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997, la cual regula las acciones de cumplimiento para hacer efectivos actos administrativos o normas con fuerza de ley. Inicialmente, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Rionegro rechazó la demanda por considerar que no le competía conocer del asunto, pues estimó que la jurisdicción contencioso-administrativa debía ser la encargada, con fundamento en la Ley 393 de 1997 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por ello, remitió el proceso a los juzgados administrativos de Medellín. Sin embargo, el Juzgado 012 Administrativo Oral de Medellín, tras recibir el expediente, propuso un conflicto negativo de jurisdicción, argumentando que la competencia correspondía a la jurisdicción ordinaria civil conforme al artículo 116 de la Ley 388 de 1997, que regula procedimientos y competencia para acciones relacionadas con instrumentos urbanísticos y ordenamiento territorial. Este juzgado señaló que, pese a que la demanda se dirige contra entidades públicas, la naturaleza de la materia urbanística y las normas aplicables requieren que estos casos sean conocidos por la jurisdicción civil ordinaria, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en autos anteriores.

Fundamentos jurídicos y criterios...