Contexto y competencia

La Sala Plena de la Corte Constitucional examinó la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2022-2026, denominado “Colombia Potencia de la Vida”. La demanda fue presentada por un grupo de ciudadanos y se fundamentó en supuestas violaciones a principios constitucionales, como la publicidad, la unidad de materia, la autonomía territorial, y la prohibición de constitución de monopolios rentísticos, además de la presunta elusión del debate parlamentario. La Corte actuó con base en el artículo 241 de la Constitución Política, que le confiere competencia para el control de constitucionalidad de las leyes. Previamente, se analizaron aspectos procesales como la oportunidad de los cargos y la existencia de cosa juzgada respecto a varios de ellos, atendiendo a sentencias previas. Así, se determinó que algunos reclamos ya habían sido resueltos en otros procesos y que ciertos artículos demandados habían sido declarados inexequibles, generando efectos de cosa juzgada.

Análisis de los cargos y antecedentes

Entre los cargos principales, se destacó la presunta violación del principio de publicidad por la forma como se difundió el informe de conciliación durante el trámite en el Senado, así como la supuesta falta de unidad de materia de artículos relacionados con incrementos en la tributación a fuentes de energía no convencionales y la creación de cargos en la Cámara de Representantes. También se alegó la vulneración de la autonomía territorial por disposiciones sobre la actualización catastral y la constitución de un monopolio rentístico en materia de aseguramiento en riesgos laborales. El proceso incluyó pruebas documentales, certificaciones...