Contexto y competencia

En ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 241.4 de la Constitución Política, la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó una demanda de inconstitucionalidad presentada contra expresiones específicas del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), modificadas por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011. La demanda cuestionaba que la norma supedita la posibilidad de las víctimas para solicitar medidas de aseguramiento a que el fiscal no haya hecho previamente dicha solicitud, lo que, según los demandantes, vulnera derechos fundamentales de las víctimas como el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en agosto de 2023 y, tras una etapa inicial de inadmisión y corrección, fue admitida parcialmente para estudio de fondo. El proceso contó con amplias intervenciones de entidades públicas, académicas y expertas, incluyendo al Ministerio de Justicia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, y representantes de universidades y organizaciones jurídicas. Estas intervenciones reflejaron posiciones encontradas. Mientras que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General solicitaron declarar la inexequibilidad de la norma por considerar que limita indebidamente los derechos de las víctimas, otras entidades, como la Sala de Casación Penal, la academia y algunas universidades, defendieron la constitucionalidad de la norma, argumentando que la víctima es un interviniente especial en el proceso penal y que la regulación respeta el margen de configuración legislativa y el sistema acusatorio.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte inició su análisis confirmando su competencia para...