Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia en segunda instancia para controversias administrativas de alta cuantía. El proceso se originó con la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico contra el municipio de Soledad, que fue apelada y finalmente revisada por el Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

Una empresa dedicada a servicios de vigilancia y seguridad privada celebró un contrato con el municipio para prestar dichos servicios en instituciones educativas durante 2011. Tras la expiración del contrato el 31 de diciembre de 2011, la empresa alegó que, por solicitud verbal del alcalde, continuó prestando servicios durante enero de 2012 sin que mediara un nuevo contrato escrito ni pago por parte de la entidad territorial. Ante la falta de pago, la empresa demandó al municipio invocando la figura del enriquecimiento sin justa causa para reclamar una compensación económica equivalente al valor de los servicios supuestamente prestados en ese mes. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró el enriquecimiento sin justa causa del municipio y ordenó la compensación. Sin embargo, la entidad apeló argumentando que no existió contrato ni autorización expresa para la prestación de servicios en ese periodo, que no se acreditó la efectiva ejecución del servicio ni la existencia de circunstancias excepcionales para prescindir de la formalidad contractual, y que la acción estaba caducada.

Consideraciones jurídicas de la sentencia de unificación

La Sala Plena del Consejo de Estado realizó un análisis profundo sobre la naturaleza y procedencia de la acción por enriquecimiento...