Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia judicial analizada corresponde a un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su Sala Veintisiete Especial de Decisión, en ejercicio del control inmediato de legalidad. Este mecanismo busca verificar la conformidad de los actos administrativos con el ordenamiento jurídico de manera rápida y expedita. La decisión se emite en el marco de la revisión de una circular emitida por el Departamento Nacional de Planeación, que contiene orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el contexto del estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo y municipios del área metropolitana de Cúcuta y del departamento del Cesar.

Antecedentes fácticos y procesales

El estado de conmoción interior fue declarado mediante decreto presidencial el 24 de enero de 2025, afectando una región específica del nororiente del país. En desarrollo de esta declaratoria, el 5 de febrero de 2025 se emitió un decreto legislativo que estableció medidas especiales relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de financiarse con recursos del Sistema General de Regalías, particularmente de la Asignación para la Inversión Regional y la Asignación para la Paz. Posteriormente, el 25 de febrero de 2025, el Departamento Nacional de Planeación expidió una resolución que estableció términos y condiciones para la gestión del ciclo de los proyectos de inversión en el contexto del estado de conmoción interior. En ese mismo marco, el 10 de marzo de 2025 se expidió una circular con orientaciones transitorias para la gestión de proyectos que pretendían financiarse con recursos específicos del Sistema General de Regalías. Ambos actos administrativos —la resolución y la circular— fueron objeto de control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado. El despacho que conoce de la resolución es el de un consejero designado para ello, mientras que el control de la circular correspondió a otro despacho, emitiéndose autos de avocamiento en fechas distintas.

Consideraciones de la providencia y fundamento jurídico

La Sala recordó que, aunque el trámite del control inmediato de legalidad no contempla expresamente la acumulación de procesos, es posible analizar su procedencia de manera compatible con la finalidad de este mecanismo y conforme al artículo 148 del Código General del Proceso. La acumulación resulta pertinente cuando existe identidad o conexión entre los actos objeto de control, ya que contribuye a evitar decisiones contradictorias, garantizar la seguridad jurídica y optimizar la celeridad y economía procesal. En el caso concreto, la Sala realizó un análisis comparativo entre la resolución y la circular cuestionadas, identificando que ambas se sustentan en la misma normatividad base: el decreto que declaró el estado de conmoción interior y el decreto legislativo que estableció medidas especiales para los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Además, los motivos que originaron la expedición de ambos actos son similares, orientados a establecer términos, condiciones y procedimientos para la gestión de proyectos de inversión en la región afectada. El análisis detalló coincidencias en aspectos como:

Normatividad de base y marco constitucional aplicable.
Objetivos para la gestión y priorización de proyectos de inversión.
Procedimientos administrativos para la presentación y evaluación de proyectos.
Medidas para agilizar trámites y sortear obstáculos derivados de la situación de orden público.

Dado este contexto, la Sala concluyó que las actuaciones administrativas objeto de control están suficientemente relacionadas para justificar la acumulación de los procesos. En cuanto a la competencia para conocer de los procesos acumulados, se aplicó la regla del artículo 149 del Código General del Proceso, que establece que el juez competente será el que adelante el proceso más antiguo. En el control inmediato de legalidad, al no existir auto admisorio de demanda, se consideró la fecha de notificación del auto de avocamiento como criterio para determinar la antigüedad. Así, se identificó que el proceso correspondiente a la resolución es el más antiguo y, por ende, el que debe conocer también de la circular.

Decisión adoptada y efectos

En virtud de lo anterior, la Sala ordenó remitir el expediente que contiene el control inmediato de legalidad sobre la circular al despacho que conoce del proceso más antiguo, relativo a la resolución. De esta forma, se busca que el mismo despacho decida sobre la acumulación y trámite conjunto de ambos procesos. Esta medida tiene por objeto evitar decisiones disímiles sobre aspectos jurídicos conexos, promover la coherencia en la jurisprudencia y optimizar los recursos judiciales y administrativos.

Importancia y repercusiones

La providencia pone en evidencia la flexibilidad del sistema procesal para garantizar la eficiencia en el control de legalidad, incluso en procedimientos que exigen celeridad y tienen particularidades propias, como es el caso del control inmediato. Además, subraya la relevancia de la acumulación de procesos en situaciones donde existen actos administrativos estrechamente vinculados, lo que contribuye a la seguridad jurídica y evita la duplicidad de esfuerzos. Finalmente, esta decisión tiene un impacto directo en la gestión de proyectos de inversión en una región afectada por medidas excepcionales, asegurando que el análisis jurídico de las normas que regulan dichos proyectos se realice de manera integral y coordinada, lo cual es fundamental para la adecuada ejecución de políticas públicas en contextos complejos. Esta coordinación permitirá una mejor administración de los recursos y favorecerá el desarrollo sostenible y la estabilidad social en la región del Catatumbo y zonas aledañas, contribuyendo a la paz y el bienestar de sus habitantes.

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Consejo de Estado ordena acumulación de procesos en control inmediato de legalidad sobre proyectos de inversión en el Catatumbo

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