Providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, emitió un auto el 5 de agosto de 2025 que resuelve sobre la solicitud de reconsideración presentada contra un auto admisorio de una acción de tutela. El actor, que interpuso la tutela contra un Tribunal Superior del Distrito Judicial, buscaba revocar parcialmente la providencia inicial y obtener la adopción de una medida provisional para suspender los efectos de una resolución administrativa.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con la presentación de una acción de tutela contra la Resolución 64, expedida el 29 de mayo de 2025, que generó controversia respecto a sus efectos sobre el actor. Mediante auto del 15 de julio de 2025, la Sala admitió la tutela pero negó varias solicitudes, incluyendo la vinculación de otras autoridades para el trámite, la práctica de pruebas adicionales y la adopción de medidas provisionales solicitadas para suspender la resolución cuestionada. Posteriormente, el accionante presentó una solicitud de reconsideración frente a ese auto admisorio, objetando las decisiones adoptadas. En particular, solicitó la vinculación de un Tribunal Superior adicional y de una autoridad administrativa relacionada con un traslado laboral, así como la adopción de la medida provisional inicialmente negada. Esta última se fundamentó en la presunta pérdida de prestaciones sociales y vacaciones, acreditada con un certificado expedido por la coordinación administrativa de recursos humanos.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que, conforme al Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela, no está contemplada la interposición de recursos contra las providencias dentro del trámite de tutela, salvo la impugnación contra la sentencia de primera instancia, expresamente regulada en el artículo 31 de dicha norma. Esta interpretación ha sido reiterada por la Corte Constitucional, que ha señalado que sólo son procedentes los recursos previstos en los artículos 312 y 523 del mismo decreto. Además, la providencia destacó que, aunque el Decreto 1069 de 2015 establece que para la interpretación de las disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, esta aplicación no puede extenderse de manera analógica para permitir recursos que no estén expresamente previstos en la regulación específica de tutela. El auto también señaló que, a pesar de que el escrito presentado por el accionante no mencionaba explícitamente ser un recurso, su contenido evidenciaba la intención de controvertir el auto admisorio de la demanda con argumentos propios de un recurso de reposición y pretensiones dirigidas a revocar parcialmente la decisión. En este contexto, la Sala reiteró la posición de la Corte Constitucional de que en el trámite de tutela no proceden los recursos ordinarios, dado que se trata de un mecanismo especial para la protección efectiva y rápida de derechos fundamentales, cuyo trámite es preferente y sumario. Por ende, las decisiones que se profieren en este procedimiento no están sujetas a los mismos trámites recursivos que las funciones judiciales ordinarias. Con base en lo anterior, se declaró la improcedencia del recurso de reposición presentado. En cuanto a la solicitud de medida provisional para suspender los efectos de la resolución administrativa, el Consejo de Estado recordó que el juez de tutela está facultado para decretar medidas provisionales desde la presentación de la demanda y hasta antes de decidir de fondo. Sin embargo, en este caso, el actor no aportó nuevos elementos que evidenciaran la necesidad y urgencia de la medida, limitándose a reiterar argumentos ya analizados en la providencia inicial. Por esta razón, se negó la adopción de la medida provisional solicitada.

Decisión y efectos

El auto del Consejo de Estado resolvió:

• Rechazar por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la acción de tutela del 15 de julio de 2025.
• Negar la medida provisional solicitada por el actor.
• Notificar la decisión a las partes por el medio más expedito.
• Continuar con el trámite correspondiente una vez ejecutoriada la providencia.

Esta decisión ratifica la naturaleza especial y sumaria del procedimiento de tutela, limitando la posibilidad de impugnación de providencias dentro del trámite y enfatizando la necesidad de aportar elementos nuevos para justificar la adopción de medidas provisionales.

Implicaciones para el trámite de la acción de tutela

El auto reitera el principio fundamental de que, en la acción de tutela, los recursos contra providencias distintas de la sentencia de primera instancia no son procedentes. Esto garantiza la celeridad y eficacia en la protección de derechos fundamentales, evitando dilaciones procesales que podrían afectar la finalidad del mecanismo. Asimismo, la decisión destaca la importancia de fundamentar adecuadamente las solicitudes de medidas provisionales con elementos nuevos y contundentes que justifiquen su adopción urgente, para evitar la reiteración de peticiones sin sustento adicional. En suma, esta providencia del Consejo de Estado reafirma los parámetros legales sobre el trámite de la tutela y contribuye a la claridad en la aplicación de los recursos y medidas dentro de este proceso especial, fortaleciendo la protección efectiva y rápida de los derechos fundamentales en el país.