Providencia judicial en segunda instancia sobre tutela por servicio público de energía eléctrica

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 31 de julio de 2025, conoció la acción de tutela presentada contra actos administrativos relacionados con la suspensión del servicio público de energía eléctrica y la imposición de una deuda solidaria por consumo no pagado. La decisión aborda la protección de derechos fundamentales y los límites en el uso del mecanismo constitucional de tutela frente a actos administrativos susceptibles de control por la jurisdicción contencioso administrativa.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, en calidad de propietaria y poseedora de un inmueble arrendado a un tercero, solicitó la ruptura de solidaridad frente a la deuda generada por el arrendatario en la prestación del servicio de energía eléctrica. La empresa prestadora rechazó esta solicitud, señalando que no procedía legalmente la ruptura de solidaridad y que se realizó la suspensión del servicio conforme a la normativa vigente. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó esta decisión mediante acto administrativo. Posteriormente, la accionante presentó una solicitud de revocatoria directa de la resolución que confirmó la negativa, la cual fue declarada improcedente por extemporaneidad. En paralelo, se interpuso la acción de tutela para amparar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, el derecho al mínimo vital de energía y la dignidad humana, solicitando la revocatoria del acto administrativo, la reconexión del servicio y la imposición de sanciones a la empresa prestadora. Durante el trámite, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa prestadora y la...