Providencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en su Sección Primera de lo Contencioso Administrativo, profirió un auto interlocutorio el primero de agosto de 2025, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) relacionadas con la negación de registro de una marca. La providencia fue dictada en segunda instancia y tiene como finalidad avanzar en el trámite del proceso, prescindiendo de la audiencia inicial y fijando el litigio para continuar con el procedimiento.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por la solicitud de nulidad de dos resoluciones emitidas por la SIC: una que negó el registro de la marca solicitada y otra que confirmó dicha negativa en recurso de apelación. La parte actora cuestiona la legalidad de estas decisiones, argumentando vulneraciones a disposiciones de la Constitución Política y a la Decisión 486 de 2000, que regula aspectos de propiedad industrial en la Comunidad Andina. Inicialmente, el proceso fue suspendido para que se solicitara una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual fue incorporada al expediente. Con esta interpretación en mano, el Consejo de Estado retomó el trámite. Al momento de emitir el auto, el proceso estaba pendiente de fijar fecha para la audiencia inicial, prevista en el artículo 180 del CPACA, pero no se tenían pruebas por practicar, dado que las aportadas eran exclusivamente documentales.

Consideraciones jurídicas y sentido de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 182A del CPACA, incorporado mediante la Ley 2080 de 2021, que regula la posibilidad de dictar sentencia anticipada en ciertas condiciones. Este precepto establece que se puede prescindir de la audiencia inicial cuando el asunto sea de puro derecho, no haya pruebas por practicar, y las pruebas documentales hayan sido aportadas con la demanda y la contestación sin que se haya planteado tacha o desconocimiento sobre ellas. En el caso concreto, el Consejo de Estado determinó que se cumplen estos requisitos. El litigio se centra en la valoración jurídica de la legalidad de las resoluciones de la SIC, sin que se requiera la práctica de pruebas adicionales. Por lo tanto, el tribunal decidió:

• Prescindir de la realización de la audiencia inicial.
• Fijar el litigio en los términos expuestos, centrando la controversia en la posible vulneración de los artículos 4° y 333 de la Constitución Política y 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.
• Tener como pruebas válidas los documentos aportados por las partes con la demanda y contestación.
• Prescindir de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 del CPACA.
• Ordenar el traslado a las partes y al Procurador Delegado ante el Consejo de Estado para que aleguen de conclusión en un término común de diez días.

Este mecanismo procesal permite agilizar el trámite de casos en los que la controversia es exclusivamente jurídica y no existen hechos controvertidos que requieran la práctica de pruebas.

Implicaciones para el proceso y la administración de justicia

La decisión del Consejo de Estado refleja la aplicación práctica de reformas procesales introducidas para descongestionar la jurisdicción administrativa y hacer más eficientes los procedimientos. Al habilitar la sentencia anticipada en asuntos de puro derecho y sin pruebas por practicar, se promueve un uso racional del tiempo judicial y una pronta resolución de conflictos. En este caso, la medida permite avanzar en la resolución del proceso sobre el registro de la marca, sin necesidad de demorar con una audiencia inicial que no aportaría elementos nuevos para la decisión. El traslado para alegatos de conclusión garantizará que las partes puedan presentar sus argumentos finales antes de la expedición de la sentencia.

Conclusión

El auto interlocutorio emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en segunda instancia representa un paso relevante en la administración procesal. Al prescindir de la audiencia inicial y fijar el litigio, el tribunal aplica de manera rigurosa y objetiva las disposiciones del CPACA reformado, en aras de una justicia más ágil y eficiente en asuntos de puro derecho. Este caso también evidencia la interacción de la jurisdicción nacional con el derecho comunitario andino, mediante la incorporación de interpretaciones prejudiciales al proceso. La providencia pone de relieve el papel del Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, encargado de garantizar la correcta aplicación del derecho y el respeto a los principios constitucionales y legales en el ámbito administrativo. De esta forma, se fortalece la confianza en la justicia administrativa y se promueve una tutela efectiva de los derechos en materia de propiedad industrial.