Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo en primera instancia, emitió un auto judicial en el marco de un proceso de nulidad contra decretos relacionados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Presidente de la República. En este proceso, un magistrado presentó su impedimento por un posible conflicto de interés derivado de la vinculación laboral de un familiar cercano con una entidad demandada. El auto, fechado el 31 de julio de 2025, resolvió declarar infundado dicho impedimento.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta en 2016 contra los decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005, expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio, y compilados en el Decreto 1076 de 2015. Luego de la admisión de la demanda y la sustanciación del proceso, se vinculó al Presidente de la República debido a su participación en la emisión de dichos decretos. Posteriormente, un magistrado manifestó su impedimento alegando que la compañera permanente de su hermano se encuentra vinculada como asesora en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), entidad relacionada con el demandado.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El análisis del impedimento se fundamentó en el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece que los magistrados deben declararse impedidos cuando un familiar cercano ocupe cargos directivos o asesores en entidades públicas que sean parte del proceso. Para resolver si el impedimento procedía, la Sala examinó la naturaleza de las entidades involucradas. La Ley 489 de 1998 define la estructura de la Rama Ejecutiva del Poder Público e incluye a la Presidencia de la República y a los departamentos administrativos como entidades distintas. Por su parte, el Decreto 2647 de 2022 establece que el DAPRE tiene la función de asistir al Presidente en su calidad de Jefe de Estado y Gobierno, y utiliza la denominación abreviada “Presidencia de la República” para efectos legales. Sin embargo, aunque ambas denominaciones coinciden, el Consejo de Estado enfatizó que es necesario distinguir entre el Presidente de la República, como autoridad demandada, y el DAPRE, como entidad administrativa. En el caso concreto, el demandado formal es el Presidente de la República, quien fue la autoridad que emitió los actos cuestionados. Además, en el poder otorgado para la representación judicial, se consignó expresamente que la representación incluía tanto al Presidente de la República como al DAPRE, pero la actuación se realizó en nombre del Presidente, quien es la parte demandada y sobre quien recaen los efectos de la sentencia. En estas condiciones, la Sala concluyó que la causal de impedimento no estaba configurada, pues la vinculación del familiar cercano del magistrado correspondía a una entidad distinta a la autoridad demandada. Por tanto, no existía un conflicto directo que justificara el apartamiento del magistrado.

Decisión final

En consecuencia, el Consejo de Estado declaró infundado el impedimento planteado por el magistrado. La providencia fue adoptada en sesión plenaria el 31 de julio de 2025 y se notificó para su cumplimiento. Esta decisión ratifica la necesidad de distinguir cuidadosamente las entidades públicas cuando se analiza la posible existencia de conflictos de interés en los procesos judiciales, evitando interpretaciones extensivas que puedan afectar el normal desarrollo de la función jurisdiccional. Esta providencia judicial destaca el rigor con que el Consejo de Estado evalúa las causales de impedimento para garantizar la imparcialidad en sus decisiones, al tiempo que clarifica la diferenciación institucional dentro de la Rama Ejecutiva del Poder Público en Colombia. Con esta resolución, se reafirma el compromiso de la justicia administrativa de actuar con transparencia y apego a la ley, asegurando que los procesos judiciales se desarrollen con la debida independencia y sin interferencias indebidas.

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Consejo de Estado declara infundado impedimento de magistrado en proceso contra el Presidente de la República

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