Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió un auto interlocutorio el primero de agosto de 2025, en el marco de un medio de control de nulidad relativa radicado bajo el número 11001-03-24-000-2021-00616-00. La providencia se refiere a un proceso contra una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que concedió el registro de una marca, y en ella se decide prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, para avanzar directamente en la etapa de juicio sobre el fondo del asunto.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se inició con una demanda que cuestiona la legalidad de la Resolución número 39806 del 28 de junio de 2021, emitida por la SIC, mediante la cual se concedió el registro como marca de un signo mixto para identificar productos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora sostiene que esta resolución vulnera lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, norma que regula aspectos de propiedad intelectual en el ámbito de la Comunidad Andina. Hasta la fecha de la providencia, el proceso se encontraba pendiente de fijar fecha para la celebración de la audiencia inicial. Sin embargo, no existía necesidad de practicar pruebas orales, ya que todas las pruebas aportadas y solicitadas son de carácter documental.

Consideraciones jurídicas y razones de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en la aplicación del artículo 182A del CPACA, incorporado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que establece los casos en los cuales es procedente dictar sentencia anticipada. Según esta disposición, se puede prescindir de la audiencia inicial cuando:

• Se trate de asuntos de puro derecho.
• No haya pruebas por practicar en audiencia.
• Las pruebas solicitadas sean únicamente documentales y no hayan sido objetadas.
• Las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

En el presente caso, el Consejo de Estado concluyó que se cumplían los requisitos para aplicar esta norma, dado que el proceso versa sobre un asunto de derecho —la interpretación y aplicación de normas comunitarias en materia de propiedad intelectual— y la prueba aportada es documental, sin controversia sobre su pertinencia o autenticidad. Por lo tanto, mediante auto interlocutorio, el tribunal prescindió de la audiencia inicial y fijó el litigio, es decir, delimitó el objeto de controversia, que consiste en determinar si la resolución de la SIC vulnera el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, se estableció que las pruebas a considerar serán los documentos aportados con la demanda, la contestación de la demanda y los antecedentes administrativos allegados al expediente digital. El auto también dispuso prescindir de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 del CPACA, considerando innecesaria su realización, en atención a las características del caso y las disposiciones legales aplicables.

Posible solicitud de interpretación prejudicial

El Consejo de Estado advirtió que, dado que el litigio involucra normas de propiedad intelectual comunitarias, será necesario examinar si procede solicitar una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Dicha solicitud se realizaría una vez notificada y ejecutoriada la providencia, con el fin de garantizar una correcta interpretación de las disposiciones normativas que se consideran vulneradas.

Conclusiones de la providencia

En resumen, el Consejo de Estado adoptó un mecanismo procesal que agiliza el trámite del proceso, prescindiendo de la audiencia inicial y de otras instancias probatorias orales cuando no son indispensables. Esta medida busca optimizar la administración de justicia en casos de puro derecho con pruebas documentales claras y no controvertidas. La decisión implica:

• Prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA.
• Fijar el litigio conforme a los términos de la demanda y la contestación.
• Considerar como pruebas los documentos aportados y los antecedentes administrativos del acto controvertido.
• Prescindir de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento establecidas en los artículos 181 y 182 del CPACA.

Esta providencia representa un ejemplo de la aplicación práctica de reformas legales orientadas a la descongestión judicial y a la simplificación de procedimientos en la jurisdicción administrativa, especialmente en materia de propiedad intelectual, contribuyendo así a una justicia más eficiente y expedita.