Providencia proferida por el Consejo de Estado en segunda instancia
El auto interlocutorio fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en Bogotá, D.C., en segunda instancia dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2022-00068-00.
Este medio de control se instauró contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad demandada, por parte de una sociedad que busca la nulidad de varias resoluciones relacionadas con la denegación del registro como marca del signo mixto "ESTÂNCIA 92", tanto para productos como para servicios comprendidos en las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso tiene su origen en la negativa por parte de la SIC de conceder el registro de la mencionada marca. La parte actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionando cuatro resoluciones específicas emitidas por la Dirección de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, las cuales resolvieron negar el registro solicitado.
Durante la tramitación del proceso, la Sala advirtió que no existía necesidad de practicar pruebas adicionales, ya que toda la evidencia aportada era de naturaleza documental y estaba contenida en la demanda y en la contestación de la misma. Por ello, se analizó la posibilidad de aplicar el artículo 182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, que permite prescindir de la audiencia inicial en casos de puro derecho sin pruebas pendientes.
Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión
El artículo 182A del CPACA establece que en asuntos de puro derecho, en los que no haya pruebas por practicar o cuando las pruebas consistan únicamente en documentos aportados con la demanda y la contestación, y estas no hayan sido objetadas, es procedente dictar sentencia anticipada prescindiendo de la audiencia inicial. Este mecanismo busca optimizar la eficiencia judicial y descongestionar los procesos administrativos y contencioso administrativos.
En este caso, la Sala consideró que se cumplen plenamente los requisitos señalados, dado que:
- El litigio versa sobre la interpretación y aplicación de normas jurídicas en materia de propiedad industrial, específicamente respecto a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
- No existen pruebas adicionales por practicar, pues la prueba aportada es exclusivamente documental.
- La audiencia inicial, prevista en el artículo 180 del CPACA, no aportaría elementos nuevos al proceso.
Por tanto, el Consejo de Estado optó por prescindir de dicha audiencia, fijando el litigio en los términos expuestos y admitiendo como pruebas los documentos ya incorporados, así como los antecedentes administrativos de los actos cuestionados.
Además, se indicó que, por tratarse de materia de propiedad industrial con posibles implicaciones comunitarias, se evaluará la necesidad de solicitar una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para esclarecer la aplicación de la norma supuestamente vulnerada.
Finalmente, la providencia reconoció la personería jurídica del apoderado de la entidad demandada, conforme al poder conferido para efectos del proceso.
Conclusión del auto interlocutorio
Con base en lo anterior, el Consejo de Estado resolvió:
- Prescindir de la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del mismo código, adicionado por la Ley 2080 de 2021.
- Fijar el litigio en los términos señalados en la providencia.
- Admitir como prueba los documentos aportados por las partes y los antecedentes administrativos relevantes.
- Reconocer la personería jurídica del apoderado de la entidad demandada.
Esta decisión representa una aplicación concreta de las reformas procesales implementadas para agilizar los procesos contencioso administrativos, especialmente en asuntos que versan sobre cuestiones jurídicas claras y en los que la prueba no es controvertida ni requiere ampliación.
El expediente continuará su trámite bajo estas directrices, con el fin de avanzar hacia una sentencia que resuelva la controversia planteada sobre la legalidad de las resoluciones que negaron el registro de la marca en cuestión. De esta manera, se garantiza un proceso más eficiente y se fortalece la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial.
