Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, emitió sentencia de única instancia el 16 de junio de 2025, resolviendo un recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia proferida el 20 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca. Esta última decisión revocó la condena inicial impuesta a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de un ciudadano. El proceso se originó en una demanda de reparación directa presentada en abril de 2014, en la que el demandante y su grupo familiar reclamaron la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la privación de la libertad del ciudadano durante un proceso penal que terminó con la preclusión de la investigación.

Antecedentes fácticos y procesales

En abril de 2012, durante un operativo policial, un ciudadano fue capturado en flagrancia por retirar mercancía hurtada de una residencia. En la audiencia de legalización de captura, se le imputó el delito de receptación, aceptando inicialmente los cargos y quedando bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad. Más tarde, se retractó de esta aceptación. En septiembre de 2013, el juzgado penal decretó la preclusión de la investigación debido a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, ordenando la libertad del imputado. Posteriormente, en abril de 2014, el ciudadano y sus familiares presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, buscando que se declarara la responsabilidad estatal por los daños ocasionados con la privación injusta de la libertad, incluyendo perjuicios morales, daño a la vida de relación y lucro cesante. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán accedió a las pretensiones en septiembre de 2015, declarando la responsabilidad administrativa del Estado. Sin embargo, la Fiscalía General y la Rama Judicial apelaron, y en junio de 2019, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la condena, negando las pretensiones con base en la existencia de culpa exclusiva del ciudadano al haber aceptado voluntariamente los cargos que fundamentaron la medida de aseguramiento. El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto en octubre de 2020 por el ciudadano y su grupo familiar, argumentando nulidades en la sentencia del Tribunal por falta de motivación, vulneración del principio de congruencia, desconocimiento del precedente jurisprudencial y falsa motivación.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado revisó exhaustivamente el recurso bajo la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que habilita la revisión extraordinaria únicamente por nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Se enfatizó que el recurso extraordinario de revisión tiene naturaleza excepcional y restrictiva, no siendo una vía para reabrir debates probatorios o jurídicos ya decididos ni para corregir errores en la valoración de pruebas o interpretación legal. La taxatividad de las causales busca garantizar la estabilidad y certeza jurídica de las sentencias ejecutoriadas. Respecto a la falta de motivación, la Sala estableció que la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca contenía una fundamentación clara, completa y coherente, explicando el marco legal y jurisprudencial vigente sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, particularmente el análisis de la antijuridicidad del daño y la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente. En cuanto al principio de congruencia, se determinó que el Tribunal sí respondió a las pretensiones y excepciones planteadas en el proceso, incluyendo la excepción de culpa exclusiva de la víctima propuesta por la Rama Judicial. Se señaló que el análisis del Tribunal sobre la legalidad de la medida de aseguramiento y la conducta del ciudadano se ajustó a sus competencias y no configuró incongruencia alguna. Sobre el alegato de desconocimiento del precedente jurisprudencial, el Consejo aclaró que la inaplicación de una providencia anterior no configura nulidad en la sentencia, sino una discrepancia sustancial que debe resolverse en la vía ordinaria. El Tribunal aplicó correctamente la jurisprudencia vigente al momento de dictar su fallo, conforme a la evolución doctrinal sobre la responsabilidad estatal. Finalmente, la causal de falsa motivación fue desestimada, pues la jurisprudencia ha precisado que esta no constituye un vicio formal que permita la revisión extraordinaria.

Decisión y consecuencias

El Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca que revocó la condena inicial contra la Nación por privación injusta de la libertad. Se condenó en costas a los recurrentes, ordenando la liquidación conforme a las normas procesales aplicables, y se reconocieron agencias en derecho a favor de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Esta decisión reafirma la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión y la necesidad de respetar la cosa juzgada, evitando que se convierta en una tercera instancia que reabra debates ya resueltos, garantizando así la seguridad jurídica y la estabilidad del ordenamiento procesal administrativo. Con ello, se fortalece el principio de confianza legítima en las decisiones judiciales y la responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad, sin desconocer los límites procesales establecidos por la ley.