Contexto y antecedentes procesales

El caso tiene su origen en una demanda interpuesta el 19 de junio de 2025 por un grupo de ciudadanos contra el Decreto 0639 de 2025, emitido por el Presidente de la República. Este decreto convocó a una consulta popular nacional, a pesar de que el Senado de la República había emitido un concepto desfavorable a la convocatoria tras el debate celebrado en mayo de 2025. Los demandantes argumentaron que el decreto vulneraba los artículos 104, 4 y 189 de la Constitución Política, pues desconocía una decisión válida del Senado y excedía las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia de consultas populares. En respuesta, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de un auto del 25 de julio de 2025, admitió la demanda. La Sección precisó que el decreto cuestionado constituye un acto de contenido electoral, lo que habilita su control judicial mediante el medio de nulidad, conforme al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, el tribunal indicó que el decreto no emana directamente de la Constitución, sino que desarrolla facultades legales reguladas por leyes estatutarias, por lo que debe someterse a un juicio de legalidad. Posteriormente, el Ministerio de Transporte interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio, solicitando su revocatoria bajo el argumento de que la competencia para conocer del control judicial del decreto es exclusiva de la Corte Constitucional, y que el decreto había sido derogado antes de la admisión de la demanda, lo que impediría el ejercicio del control judicial por...