Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 31 de julio de 2025. El proceso tiene su origen en una acción de tutela promovida por un municipio contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, debido a decisiones judiciales adoptadas en una audiencia celebrada el 24 de junio de 2025 dentro de un proceso de acción popular.

Antecedentes fácticos y procesales

El municipio demandante interpuso la acción de tutela con el propósito de amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, alegando que las decisiones adoptadas por el juzgado en la audiencia mencionada vulneraron estas garantías constitucionales. El proceso de fondo corresponde a una acción popular interpuesta contra la expedición de una licencia de construcción otorgada por la Secretaría de Planeación Municipal, que supuestamente atentaba contra derechos colectivos como la seguridad pública, la salubridad y la prevención de desastres. El conocimiento del asunto fue inicialmente asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, que remitió el expediente a la jurisdicción contencioso administrativa, asignándose luego al Juzgado Segundo Administrativo del mismo circuito. Durante el trámite, se llevaron a cabo diversas audiencias, se decretaron pruebas y se presentaron informes técnicos, algunos de ellos aportados de manera extemporánea. En particular, se cuestionó la admisión de un informe técnico elaborado por la Unidad de Gestión de Riesgos del departamento, presentado como prueba sobreviniente, y la forma en que el juzgado manejó la contradicción de dicha prueba, incluyendo la suspensión de la...