Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera instancia, conoció una acción popular interpuesta contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con el fin de proteger derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad, prevención de desastres y ordenamiento urbano. La controversia surgió tras la orden de demolición de un muro que invadía espacio público, emitida por la Secretaría de Gobierno del Distrito. El proceso incluyó la vinculación de diversas entidades públicas y privadas, tales como el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y una constructora local. La acción popular fue respaldada por varios ciudadanos como coadyuvantes. Tras diversas providencias, el Tribunal emitió una sentencia que amparó los derechos colectivos y ordenó medidas específicas para la recuperación del espacio público, gestión del riesgo en zonas vulnerables y elaboración de planes ambientales y de reubicación, en caso de ser necesarios, para las comunidades afectadas. La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó y modificó parcialmente estas órdenes, estableciendo plazos y responsabilidades claras para las autoridades distritales y ambientales involucradas.

Incidente de desacato y sanciones impuestas por el Tribunal Administrativo

Ante el incumplimiento de las órdenes judiciales, el Tribunal Administrativo del Magdalena abrió un incidente de desacato contra las personas que en ese momento ejercían los cargos de alcalde distrital de Santa Marta y director del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental. Mediante auto, el Tribunal declaró el desacato por parte de ambos funcionarios y les impuso sanciones económicas equivalentes a cinco y...