Contexto y competencia judicial

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Los demandantes alegaban responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad y por un supuesto error jurisdiccional en la decisión judicial que decretó la preclusión de la investigación penal por vencimiento de términos. La competencia del Consejo de Estado para conocer el recurso de apelación se sustenta en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, que lo señala como tribunal supremo de lo contencioso administrativo. El proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo vigente al momento de la presentación de la demanda y, en aspectos no regulados, por el Código de Procedimiento Civil.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos se remontan a la captura, en el año 2009, de dos ciudadanos investigados por la presunta participación en actividades delictivas, quienes fueron sometidos a medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación por vencimiento de términos, decisión que fue decretada por el juez competente y contra la cual no se interpusieron recursos ordinarios. Las demandas fueron interpuestas en 2012 por los afectados directos y sus núcleos familiares, solicitando la declaratoria de responsabilidad civil y administrativa del Estado, así como indemnización por daños morales, materiales y a la vida de relación derivados de la privación injusta de la libertad y del error judicial. En primera instancia, el Tribunal Administrativo correspondiente negó las pretensiones, argumento que fue impugnado mediante recurso de apelación.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado analizó fundamentalmente dos aspectos: la existencia de privación injusta de la libertad y la configuración del error jurisdiccional en la providencia que decretó la preclusión de la investigación. Respecto a la privación injusta de la libertad, la Sala recordó que, conforme al artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y a la interpretación de la Corte Constitucional, dicha privación debe ser resultado de una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria del procedimiento legal para que opere la responsabilidad patrimonial del Estado. La simple absolución o preclusión no implica automáticamente la existencia de dicha privación injusta. En el caso concreto, aunque se acreditó que los investigados permanecieron privados de la libertad por aproximadamente 180 días, no se logró demostrar que la medida fuera arbitraria o carente de fundamentación legal. La ausencia de las grabaciones de las audiencias preliminares, especialmente la de imposición de medida de aseguramiento, impidió que se valorara adecuadamente si la actuación judicial fue desproporcionada o irregular. Sobre el error jurisdiccional, el Consejo recordó que se configura cuando una providencia judicial incurre en una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, lo que debe demostrarse sin lugar a dudas. Además, para que el error jurisdiccional sea objeto de responsabilidad patrimonial, es requisito previo que la providencia esté ejecutoriada y que el afectado haya agotado los recursos ordinarios contra la misma en el proceso originario. En este caso, la providencia que decretó la preclusión de la investigación por vencimiento de términos no fue objeto de apelación ni de otros recursos ordinarios por parte de los demandantes. Por lo tanto, no se cumplió con uno de los presupuestos esenciales para estudiar la responsabilidad por error jurisdiccional. Finalmente, la Sala reiteró la importancia del régimen de responsabilidad basada en la falla del servicio como fundamento para la reclamación patrimonial en materia de administración de justicia, destacando que la responsabilidad del Estado debe configurarse con base en pruebas suficientes y no en meras afirmaciones.

Decisión final y efectos procesales

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo que negó las pretensiones de reparación directa, tanto respecto de la privación injusta de la libertad como del supuesto error jurisdiccional. Asimismo, determinó no imponer condena en costas por no evidenciarse mala fe o temeridad en la actuación de los demandantes. Esta decisión ratifica la exigencia de pruebas claras y contundentes para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado en casos relacionados con la función jurisdiccional y la relevancia de respetar los presupuestos procesales para la procedencia de la acción de reparación directa. La providencia fue suscrita electrónicamente y está disponible para su consulta en el aplicativo oficial del Consejo de Estado. --- Esta resolución subraya la complejidad de las reclamaciones en materia de responsabilidad estatal derivada de actuaciones judiciales y refuerza la necesidad de un análisis riguroso y respetuoso de la autonomía judicial y de los procedimientos legales vigentes, contribuyendo así a la seguridad jurídica y al debido proceso en el ámbito contencioso administrativo.

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Consejo de Estado confirma negativa de reparación por privación injusta de la libertad y error jurisdiccional en proceso penal

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