Contexto y competencia judicial

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Los demandantes alegaban responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad y por un supuesto error jurisdiccional en la decisión judicial que decretó la preclusión de la investigación penal por vencimiento de términos. La competencia del Consejo de Estado para conocer el recurso de apelación se sustenta en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, que lo señala como tribunal supremo de lo contencioso administrativo. El proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo vigente al momento de la presentación de la demanda y, en aspectos no regulados, por el Código de Procedimiento Civil.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos se remontan a la captura, en el año 2009, de dos ciudadanos investigados por la presunta participación en actividades delictivas, quienes fueron sometidos a medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación por vencimiento de términos, decisión que fue decretada por el juez competente y contra la cual no se interpusieron recursos ordinarios. Las demandas fueron interpuestas en 2012 por los afectados directos y sus núcleos familiares, solicitando la declaratoria de responsabilidad civil y administrativa del Estado, así como indemnización por daños morales, materiales y a la vida de relación derivados de la privación injusta de la libertad y del error judicial. En primera instancia,...