Contexto del litigio y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado conoció en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que había negado las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. El proceso tiene su origen en la terminación unilateral de un contrato estatal celebrado entre un municipio y un particular para la prestación de servicios profesionales relacionados con la gestión y liquidación de la contribución por participación en plusvalía. El contrato en cuestión fue suscrito el 21 de junio de 2016 y buscaba asesorar y acompañar al municipio en la implementación y regularización de dicha contribución. Posteriormente, el municipio declaró la nulidad de los procedimientos administrativos para la determinación y liquidación de la participación en plusvalía, basándose en la suspensión provisional de la norma municipal que fijaba la tarifa del tributo. En consecuencia, el 28 de febrero de 2017 se emitió un acto administrativo de terminación unilateral del contrato, alegando la desaparición sobreviniente del objeto contratado y la imposibilidad de continuar su ejecución.

Antecedentes y fundamentos de la demanda

El particular demandante solicitó que se declarara la nulidad del acta de terminación unilateral por dos motivos principales: (i) falsa motivación del acto, al no fundamentarse en las causales expresamente previstas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993; y (ii) vulneración del derecho de audiencia y defensa, por falta de notificación adecuada que impidió la interposición del recurso de reposición. Además, reclamó el pago de...