Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en calidad de segunda instancia, resolvió mediante auto confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 31 de julio de 2020. Esta decisión responde al recurso de apelación interpuesto por un consorcio privado que buscaba obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados de la terminación anticipada de un contrato suscrito con una empresa de economía mixta en liquidación y el municipio de Dosquebradas.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se origina en contratos y convenios suscritos en 2006 con el objetivo de fortalecer la estructura tributaria y financiera de varios municipios mediante la modernización tecnológica y la gestión tributaria. Un municipio celebró con la empresa pública en liquidación un convenio interadministrativo para estos fines, que autorizó a esta última a contratar con terceros para la ejecución del proyecto. El consorcio privado demandante suscribió un contrato de operación con la empresa pública para suministrar tecnología y asistencia técnica durante un periodo de 19 años. Sin embargo, el contrato fue terminado anticipadamente debido a la terminación unilateral de uno de los convenios interadministrativos por parte de otro municipio involucrado en el proyecto. Posteriormente, el contrato fue liquidado de mutuo acuerdo entre las partes. Durante el proceso judicial, se declaró la nulidad absoluta del contrato de operación, debido a que se había delegado en un privado la función de recaudo de tributos municipales, una competencia privativa de la administración municipal, lo que contravenía prohibiciones constitucionales y legales expresas. Además, se confirmó...