Providencia y contexto del caso

La decisión fue proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para resolver recursos de apelación en medios de control de protección de derechos e intereses colectivos. Este caso se originó tras la demanda presentada contra la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por el cobro del peaje Cerritos II en la vía que conecta Pereira con La Victoria. El demandante sustentó su solicitud en la supuesta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, alegando que el contrato de concesión No. GG-046 de 2004, que autorizaba el cobro del peaje, había finalizado, por lo que el cobro continuado carecía de respaldo legal. Reclamó la suspensión inmediata del cobro y la protección de los derechos colectivos afectados, señalando que el cobro ilegal restringía el libre tránsito y afectaba especialmente a estudiantes, comerciantes y empleados de la zona. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia, negó las pretensiones tras analizar el marco jurídico aplicable y las pruebas allegadas, decisión que fue apelada por el demandante, el Ministerio Público y un coadyuvante.

Aspectos procesales y argumentos principales

Durante el proceso, diversas entidades involucradas formularon excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y sostuvieron que el cobro del peaje se realiza conforme a la ley. El Ministerio de Transporte explicó que tiene la facultad para establecer y prorrogar tarifas de peajes mediante actos administrativos, y que el INVIAS, como administrador de la vía tras la reversión, es...