Contexto y naturaleza de la decisión
La providencia objeto de análisis corresponde a una sentencia emitida el 18 de julio de 2025 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, la máxima instancia en materia administrativa en Colombia. Se trata de la resolución de un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida en agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual negó las pretensiones de una demanda de reparación directa contra Ecopetrol SA.
Antecedentes fácticos y procesales
El litigio se originó tras la inundación ocurrida el 5 de mayo de 2013 en dos predios ubicados en el municipio de Simacota (Santander), propiedad del demandante. Este atribuyó los daños materiales —que incluyeron la muerte de ganado y afectaciones a sus tierras— a una supuesta mala reparación de un dique o “jarillón” que impedía el ingreso de aguas del río Opón. La obra de reconstrucción del dique fue contratada por Ecopetrol SA y ejecutada mediante un consorcio contratado para tal fin.
En la demanda inicial, el propietario solicitó que se declarara la responsabilidad de Ecopetrol y se ordenara el pago de una suma cercana a 1.300 millones de pesos, además de intereses moratorios y costas procesales. Ecopetrol se opuso, alegando que la inundación fue causada por una fuerza mayor —la ola invernal y la alta sismicidad de la región— y no por defectos en la obra. El consorcio encargado de la obra y la aseguradora vinculada también negaron responsabilidad, sosteniendo que los trabajos se ejecutaron conforme a las directrices técnicas y que no existía nexo causal con los daños.
Durante el proceso, se practicaron diversas pruebas, incluyendo un dictamen pericial elaborado por un funcionario de apoyo técnico agropecuario del municipio, quien atribuyó la falla del dique a deficiencias en su reconstrucción. Sin embargo, este perito no contaba con formación en ingeniería civil ni en disciplinas técnicas afines, y su informe se basó mayormente en observaciones subjetivas y testimonios proporcionados por el demandante.
Consideraciones principales de la sentencia
El Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, valoró las pruebas y concluyó que no se demostró el nexo causal entre la inundación y la reparación del dique realizada por Ecopetrol y su contratista. Entre los fundamentos más relevantes se destacaron:
- La pericia técnica aportada no fue considerada idónea debido a la carencia de conocimientos especializados del perito en materia de ingeniería civil, lo que afectó la credibilidad de sus conclusiones.
- Los avalúos presentados para cuantificar el daño fueron declarados como no presentados por incumplimiento de los requisitos procesales, al no asistir la perito a la audiencia de contradicción.
- Se acreditó que los predios habían sufrido inundaciones previas a la obra, lo que evidenció la existencia de condiciones naturales adversas en la zona.
- El informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mostró que, aunque hubo lluvias en el período, estas no constituyeron un evento excepcional que pudiera atribuirse directamente a la obra.
- No se estableció que Ecopetrol tuviera la obligación de controlar o mitigar riesgos de inundación en la zona más allá de la ejecución contractual de las obras.
En el recurso de apelación, el demandante insistió en que sí existía prueba suficiente para acreditar la responsabilidad de Ecopetrol, cuestionando la valoración probatoria del tribunal. Sin embargo, el Consejo de Estado ratificó la sentencia, señalando que los argumentos y pruebas presentados no desvirtuaron el análisis inicial y que la carga de la prueba correspondía a quien invocaba la responsabilidad, quien no logró demostrar fehacientemente que el daño fue causado por la supuesta falla en la obra.
Decisión y efectos procesales
Por consiguiente, la Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al apelante, es decir, al propietario demandante. Esta condena implica que el demandante deberá asumir los gastos judiciales y honorarios causados en la segunda instancia, conforme a las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Esta decisión es definitiva y se fundamenta en un análisis riguroso y detallado de la evidencia presentada, manteniendo la imparcialidad y objetividad en la valoración de los hechos y las normas aplicables. Además, respeta el principio de carga de la prueba en materia de responsabilidad patrimonial extracontractual, que exige demostrar el nexo causal entre la actuación estatal y el daño alegado.
Implicaciones jurídicas
Este pronunciamiento reafirma la exigencia de contar con pruebas técnicas y especializadas para establecer la responsabilidad del Estado o sus entidades en daños derivados de obras públicas o contratos estatales. La simple ocurrencia de un daño o la existencia de una obra defectuosa no bastan para imputar responsabilidad si no se demuestra el nexo causal con criterios técnicos y jurídicos adecuados.
Asimismo, se destaca la importancia de cumplir con las formalidades procesales, como la presentación y sustentación de avalúos y peritajes en audiencias de contradicción, para que sean valorados como prueba válida.
En suma, esta sentencia ofrece claridad sobre los estándares probatorios necesarios para acreditar responsabilidad estatal en casos de daños ocasionados por obras públicas y contribuye a la seguridad jurídica tanto para los particulares afectados como para las entidades estatales involucradas en la ejecución de proyectos de infraestructura, garantizando un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades del Estado.
