Providencia judicial en segunda instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes en un proceso que cuestiona la legalidad de la Ordenanza No. 425 de 1 de agosto de 2016, expedida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Esta norma instituyó una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, destinada a financiar un fondo territorial para esos fines, y estableció su recaudo a través del consumo del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Antecedentes del caso

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad, con la pretensión de declarar la nulidad absoluta de la Ordenanza 425 de 2016 y dejar sin efecto todos los actos reglamentarios derivados de ella. La parte demandante argumentó que la Asamblea Departamental excedió sus competencias al imponer una tasa cuyo hecho generador se vinculó al consumo de energía eléctrica, sin que existiera una relación directa entre este consumo y la financiación del servicio de seguridad y convivencia ciudadana. Se alegó que ello contravenía el artículo 338 de la Constitución Política, el principio de legalidad tributaria y la reserva de ley, además de afectar el régimen tarifario de los servicios públicos regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por su parte, la entidad demandada defendió la legalidad de la ordenanza, afirmando que ésta fue expedida en ejercicio del poder tributario derivado de las entidades territoriales, autorizado por la Ley 1421 de 2010 y otras normas relacionadas, que facultan a departamentos y municipios para imponer tasas destinadas a financiar fondos...