Providencia judicial en segunda instancia sobre controversia contractual

El pasado 18 de julio de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, proferió una sentencia en el proceso acumulado de controversias contractuales entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Gerencia Casanare. La providencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por el consorcio contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare del 15 de marzo de 2018, que había declarado la nulidad absoluta del contrato de consultoría número 1737 de 2010 y ordenado su liquidación judicial.

Antecedentes y contexto del caso

El contrato en cuestión fue suscrito en noviembre de 2010 con el objeto de prestar servicios de gerencia asesora para apoyar la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento Básico y Ambiental en Casanare (PDA). Su valor ascendía a aproximadamente 9 mil millones de pesos y tenía una duración de 31 meses. No obstante, en un proceso judicial anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad de la Ordenanza número 1 de 2009, expedida por la Asamblea Departamental, que autorizaba al gobernador para comprometer vigencias futuras excepcionales. Dicha autorización era la base legal para la celebración del contrato de consultoría. Esta nulidad implicó que el Departamento de Casanare emitiera un acto administrativo declarando la terminación unilateral del contrato. Las partes presentaron demandas cruzadas: el consorcio solicitó el reconocimiento de la responsabilidad del Departamento por incumplimiento, el pago de facturación pendiente, amortización de anticipos, perjuicios y la liquidación del contrato; mientras que el Departamento demandó la liquidación judicial...