Contexto y antecedentes procesales

El caso se originó con la presentación de un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra diversas entidades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio de Transporte, INVIAS y la UNGRD, debido al colapso del puente Eduardo Román Bazurto ubicado en el departamento de Casanare. El peticionario alegó la vulneración de derechos colectivos tales como el derecho a la seguridad, la prevención de desastres previsibles, el goce de un ambiente sano, el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos de salud, la protección de bienes de uso público y la moralidad pública. En respuesta, el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto del 25 de octubre de 2022, admitió la demanda y decretó medidas cautelares urgentes orientadas a mitigar los efectos del colapso del puente, que impedía el tránsito de vehículos y personas, afectando la movilidad, la economía regional y el acceso a servicios de salud para la población afectada.

Medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Casanare

El auto judicial estableció tres órdenes principales:

1. Obligar al Ministerio de Transporte, INVIAS y al Consorcio Vías Nacionales a realizar estudios técnicos para adoptar medidas de mitigación y solución al problema del puente en un plazo de cuatro meses.
2. Exigir a INVIAS, UNGRD, autoridades territoriales y el consorcio mencionado, en un término de quince días, que implementaran mecanismos para garantizar el transporte de personas y bienes, incluyendo planes de contingencia o soluciones alternativas como puentes provisionales.
3. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía) que evaluara la afectación ambiental y otorgara las licencias necesarias para las obras pertinentes,...