Providencia judicial en segunda instancia

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad jurisdiccional en materia contencioso administrativa, decidió sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicha sentencia, dictada en primera instancia, había declarado improcedente una acción de cumplimiento promovida contra el Congreso de la República.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de cumplimiento fue instaurada con base en el artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, con el propósito de exigir el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta Magna, que ordena la expedición del Estatuto del Trabajo. El demandante solicitó que se obligara al Congreso de la República a cumplir con esta obligación normativa. El Tribunal Administrativo de primera instancia declaró la improcedencia de la acción el 25 de junio de 2025, fundamentándose en que la norma invocada se encuentra en la Constitución Política y, por ende, no es susceptible de ser exigida a través de este mecanismo. Posteriormente, el demandante interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia. Sin embargo, el escrito presentado careció de argumentación concreta que sustentara la inconformidad con la decisión de primera instancia, limitándose a anunciar que formularía los argumentos posteriormente sin aportar estos en el momento procesal oportuno.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El despacho ponente recordó que los recursos son instrumentos procesales mediante los cuales las partes pueden controlar las decisiones judiciales, garantizando la correcta aplicación del ordenamiento jurídico y evitando la discrecionalidad injustificada. En cuanto a la acción de cumplimiento, la...