Contexto y competencia del tribunal

La sentencia de tutela fue proferida por la Sala de Decisión Penal en Tutelas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en primera instancia, en ejercicio de su competencia conforme al numeral 5 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que modificó disposiciones del Decreto 1069 de 2015. La acción constitucional fue interpuesta contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de un interno recluido en la cárcel de Cartago.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, interno en un establecimiento penitenciario, solicitó inicialmente prisión domiciliaria aduciendo razones humanitarias, relacionadas con el cuidado de un familiar enfermo. Esta solicitud fue negada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante providencia debidamente notificada, sin que el interno presentara recurso alguno contra la decisión. Posteriormente, el interno presentó una petición para el estudio de su libertad condicional, radicada en febrero de 2025. Sin embargo, pasados más de cinco meses, no se había emitido respuesta ni providencia alguna que resolviera esta solicitud, situación que motivó la interposición de la acción de tutela con el fin de proteger su derecho al debido proceso. Durante el trámite, la Sala ordenó la vinculación del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y del establecimiento penitenciario respectivo para recabar información pertinente.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional preferente, expedito y subsidiario, diseñado para proteger derechos fundamentales cuando estos...