Contexto y tribunal competente

La providencia objeto de este análisis fue dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 16 de junio de 2025. Se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 27 de junio de 2019. El proceso se tramita bajo la acción de reparación directa, mecanismo idóneo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos administrativos, hechos u omisiones que generan daño antijurídico.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, propietarios de un inmueble ubicado en Medellín, lo arrendaron para la operación de un establecimiento de comercio (casino). La Fiscalía General de la Nación, en el marco de una acción de extinción del derecho de dominio contra bienes obtenidos ilícitamente por un tercero, ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dicho establecimiento de comercio, que operaba dentro del inmueble arrendado. Durante la diligencia de incautación, además del establecimiento de comercio, se dejó en custodia el inmueble, designando a la Dirección Nacional de Estupefacientes como depositaria. Los demandantes alegaron que la ocupación del inmueble fue arbitraria y reprocharon la indebida administración realizada por los depositarios, que generó deterioro del bien y falta de pago de cánones de arrendamiento y servicios públicos. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió parcialmente la demanda, condenando a la Dirección Nacional de Estupefacientes (luego Sociedad de Activos Especiales S.A.S.) a pagar una suma por daño emergente, con base en el incumplimiento en el pago de arrendamientos y servicios públicos. La Fiscalía General de la Nación fue...