Contexto y antecedentes procesales

La providencia objeto de análisis corresponde a la sentencia proferida el 4 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de una demanda de reparación directa interpuesta en enero de 2011 contra la Nación – Rama Judicial. La demanda reclamaba la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado por un supuesto error judicial contenido en una sentencia del 18 de septiembre de 2008, mediante la cual el Tribunal Administrativo revocó un fallo condenatorio previo en un proceso relacionado con la prestación de servicios médicos por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. El proceso inicial se originó por una demanda de reparación directa promovida por una ciudadana contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en virtud de los daños materiales e inmateriales derivados de la presunta falta de atención médica que ocasionó un aborto. En primera instancia, el juzgado competente reconoció la responsabilidad patrimonial de la Nación y condenó al pago de una indemnización por perjuicios morales. Sin embargo, la sentencia fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones por considerar que no se acreditó la supuesta falla en la prestación del servicio médico. Posteriormente, la demandante interpuso la acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, señalando que la sentencia de segunda instancia incurrió en error jurisdiccional por indebida aplicación del principio de carga de la prueba y valoración errónea de la prueba, y solicitando indemnización por los perjuicios derivados de dicha decisión.

Consideraciones jurídicas de la Sala

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