Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El proyecto tiene como propósito principal establecer medidas normativas que permitan a los municipios incorporar suelo rural colindante al suelo urbano para usos de expansión urbana, con el objetivo de facilitar la regularización de asentamientos humanos consolidados y promover la construcción de vivienda de interés social. Se enmarca dentro del ámbito social y territorial, con énfasis en la política pública de vivienda y ordenamiento territorial. En la actualidad, el proyecto avanza en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, habiendo realizado sesiones descentralizadas para recoger insumos de autoridades regionales, municipales, entidades técnicas y ciudadanía. Los siguientes pasos previstos son la continuación del debate y eventual aprobación en plenaria.

Contexto y problemática que aborda

Colombia enfrenta una crisis de déficit habitacional, con millones de hogares en condiciones precarias y numerosos asentamientos informales ubicados en zonas periurbanas y rurales que carecen de reconocimiento legal, servicios públicos adecuados y protección ambiental. La actualización del catastro multipropósito, herramienta clave para la planificación y tributación, ha evidenciado discrepancias en los valores catastrales y generado tensiones por el incremento del impuesto predial, particularmente en municipios con altos índices de informalidad. Además, la mayoría de los municipios carecen de recursos técnicos y financieros para actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), limitando su capacidad para gestionar el crecimiento urbano y la legalización de territorios. En este contexto, el proyecto busca ofrecer un mecanismo normativo que posibilite la incorporación temporal y excepcional de suelo rural para atender estas necesidades urgentes sin que los municipios asuman riesgos jurídicos o financieros excesivos.

Contenido clave del proyecto de ley

Entre los aspectos más relevantes se destacan:

• Permitir por una única vez y de manera temporal la ampliación de la línea perimetral urbana para incorporar suelo rural contiguo, con el fin de regularizar asentamientos humanos consolidados y facilitar la construcción de vivienda nueva, especialmente de interés social y prioritario.
• Establecer requisitos técnicos y ambientales para la incorporación, tales como la no ubicación en zonas de riesgo no mitigable ni áreas de protección ambiental, disponibilidad técnica de servicios básicos (agua potable, saneamiento), cumplimiento de normas ambientales y condiciones socioeconómicas de los ocupantes.
• Reconocer los asentamientos consolidados con condiciones precarias, como viviendas con materiales deficientes, ausencia de vías o servicios, para su inclusión en el proceso de habilitación urbana.
• Facilitar a los municipios el desarrollo de planes de ordenamiento territorial actualizados, mediante herramientas normativas y técnicas que no dependan exclusivamente de recursos económicos elevados.
• Buscar la ampliación del período de vigencia de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), así como la inclusión de municipios adicionales que cumplan los criterios para estos programas.
• Incentivar inversiones en estas zonas a través de la declaración de zonas económicas especiales con beneficios tributarios para promover la dinamización económica y generación de empleo.

Impacto potencial y debate en torno al proyecto

El proyecto podría generar un impacto positivo al facilitar la legalización de miles de asentamientos humanos y promover la construcción de vivienda asequible, contribuyendo a mitigar la crisis habitacional y a mejorar las condiciones de vida en las periferias urbanas. Asimismo, busca fortalecer la autonomía territorial y la capacidad de gestión local en materia de ordenamiento territorial. Sin embargo, en el debate legislativo y en las sesiones descentralizadas se han planteado diversas posturas:

• A favor: Se destaca la necesidad de soluciones urgentes para la regularización de asentamientos y la actualización de los POT, así como el reconocimiento de la realidad social y económica de los territorios. Se valora la flexibilidad temporal y técnica del proyecto para atender estas problemáticas sin generar cargas desproporcionadas a los municipios.
• En contra o con reservas: Se advierte sobre posibles riesgos ambientales y de gestión asociados a la incorporación de suelo rural, especialmente en zonas vulnerables. También se alerta sobre la necesidad de garantizar la progresividad tributaria y evitar que el catastro multipropósito se convierta en una herramienta que desplace a comunidades vulnerables por incrementos impositivos. Se plantea la importancia de validar socialmente los procesos de ordenamiento y de fortalecer la articulación institucional para evitar clientelismos y garantizar recursos adecuados.

Participación de actores y escenario legislativo

El proyecto ha sido objeto de análisis en sesiones descentralizadas donde participaron autoridades locales y regionales, representantes del Ministerio de Vivienda, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidades ambientales y comunidades. Los debates han evidenciado la complejidad del ordenamiento territorial en regiones con alta diversidad ambiental y social, y la necesidad de políticas integrales que integren aspectos técnicos, sociales y ambientales. La Comisión de Ordenamiento Territorial ha aprobado proposiciones para continuar el seguimiento al proyecto y para ampliar el diálogo con actores territoriales. El proyecto aún no ha sido aprobado y su trámite legislativo continuará con la discusión en plenarias y posibles conciliaciones.

Comparación con experiencias internacionales

Aunque no se presentó un análisis comparativo detallado, instrumentos similares de catastro multipropósito y regularización de asentamientos se aplican en varios países con contextos de informalidad urbana, buscando equilibrar la gestión territorial con la protección social y ambiental. La experiencia internacional resalta la importancia de procesos participativos y de mecanismos fiscales progresivos que eviten la exclusión de las poblaciones vulnerables. --- Este proyecto de ley representa un esfuerzo legislativo significativo para atender desafíos estructurales en el ordenamiento territorial y la vivienda en Colombia, con especial atención a la realidad de los municipios con alta informalidad y rezago en la actualización catastral y urbanística. Su avance será clave para definir políticas públicas que contribuyan a la justicia social y al desarrollo sostenible del territorio nacional, promoviendo un equilibrio entre la expansión urbana, la protección ambiental y la inclusión social. La expectativa es que, con la aprobación y adecuada implementación de esta norma, se logre mejorar la calidad de vida de miles de familias y fortalecer la planificación territorial en todo el país.