Objetivo y alcance del proyecto

El Proyecto de Acto Legislativo número 018-2024 tiene como propósito principal restablecer y fortalecer la autonomía fiscal y administrativa de los entes territoriales en Colombia, incrementando progresivamente su participación en el Sistema General de Participaciones (SGP) hasta alcanzar el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Además, plantea la creación de una ley de competencias que redistribuya funciones entre el Gobierno nacional y los territorios, buscando una descentralización más eficiente y equitativa. Actualmente, el proyecto ha superado cinco de ocho debates y se encuentra en etapa avanzada dentro de las comisiones del Congreso, con plazos previstos para la aprobación de la ley de competencias y un periodo de transición de hasta 10 años para la implementación gradual del SGP.

Contexto y problemática que aborda la propuesta

Desde la Constitución de 1991, Colombia ha reconocido la necesidad de descentralizar recursos y competencias para lograr un desarrollo territorial equilibrado. Sin embargo, reformas posteriores en 2001 y 2007 redujeron la participación efectiva de los entes territoriales en el SGP, generando un fuerte centralismo fiscal y administrativo. Esta concentración de recursos ha contribuido a profundas inequidades regionales, limitando la capacidad de los departamentos, distritos y municipios para atender necesidades básicas de salud, educación, infraestructura y servicios públicos. El proyecto surge en un contexto de creciente demanda social y académica para superar la "relación tóxica" entre la centralidad y la periferia, mejorar la gobernanza territorial y garantizar la autonomía real de las regiones.

Contenido clave del proyecto

Entre los aspectos más relevantes del proyecto destacan:

Incremento gradual de la participación de los entes territoriales en el Sistema General de Participaciones, pasando del 20% actual a un 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación.
Establecimiento de una ley de competencias que definirá la redistribución de funciones entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, permitiendo que estas asuman responsabilidades acordes con los recursos asignados.
Plazos definidos para una transición ordenada: dos años para la aprobación de la ley de competencias y hasta 10 años para la implementación plena del nuevo esquema de transferencias.
Reconocimiento de la necesidad de fortalecer institucionalmente a los territorios, incluyendo mecanismos para la planeación participativa, control social y lucha contra la corrupción.

Impacto potencial y debate en el Congreso

El proyecto ha recibido amplio respaldo en el Congreso, evidenciado por su avance en debates y el apoyo casi unánime en comisiones. Se destaca la importancia de esta iniciativa para combatir el centralismo, mejorar la eficiencia en la gestión pública territorial y promover un desarrollo más equitativo. Sin embargo, también enfrenta críticas, principalmente desde el Gobierno nacional y algunos sectores técnicos, quienes advierten sobre posibles riesgos fiscales y la necesidad de ajustar la regla fiscal vigente para garantizar la sostenibilidad financiera del país. El debate se centra en la viabilidad fiscal del proyecto, la importancia de que la transferencia de recursos vaya acompañada de una adecuada redistribución de competencias y la capacidad administrativa diferenciada de los territorios para asumir nuevas responsabilidades. Además, se subraya la necesidad de articular la reforma con cambios en la ley orgánica de ordenamiento territorial y reformas políticas que enfrenten el clientelismo y fortalezcan la democracia local.

Perspectivas académicas y sociales

Académicos y expertos han respaldado la iniciativa, resaltando que la descentralización y autonomía fiscal son fundamentales para cerrar brechas en políticas sociales, fortalecer capacidades institucionales y promover el desarrollo económico territorial. Se señala que el actual modelo centralista no ha logrado integrar ni desarrollar adecuadamente las regiones, perpetuando desigualdades y limitando la presencia efectiva del Estado. Organizaciones civiles y representantes de los gobiernos territoriales coinciden en que la reforma es urgente para garantizar una mayor presencia estatal en la periferia, mejorar la calidad de vida de la población y democratizar la toma de decisiones. Se destaca también la importancia de la gradualidad y el diálogo para superar resistencias y construir consensos que permitan una implementación exitosa.

Comparación con experiencias internacionales

Aunque no se detalla una comparación explícita con legislaciones de otros países, el proyecto se enmarca en tendencias globales de federalismo fiscal y descentralización administrativa, donde se reconoce que la asignación de recursos y competencias a niveles subnacionales mejora la eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Se menciona el ejemplo del País Vasco, donde la recaudación territorial se complementa con transferencias al Estado central, modelo que inspira parte de la propuesta colombiana. En síntesis, el Proyecto de Acto Legislativo 018-2024 representa una iniciativa de gran relevancia para la modernización institucional y el fortalecimiento democrático de Colombia, que busca responder a demandas históricas de autonomía territorial y superar los retos del centralismo fiscal y administrativo. Su aprobación y adecuada implementación podrían marcar un hito en la construcción de un Estado más equitativo y eficiente, promoviendo un desarrollo regional sostenible y fortaleciéndose como un modelo de gobernanza descentralizada para América Latina.

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Proyecto de Acto Legislativo busca fortalecer la autonomía fiscal y administrativa de los entes territoriales en Colombia

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