Entidad emisora y contexto normativo
La presente resolución fue emitida por la Contaduría General de la Nación el 29 de agosto de 2025, y publicada en el Diario Oficial No. 53.230 el 1 de septiembre del mismo año. La norma se fundamenta en diversas disposiciones jurídicas, entre ellas la Ley 2191 de 2022, que regula el derecho a la desconexión laboral, el Decreto 1693 de 2023, y otras normas que regulan el régimen laboral y la prevención de riesgos psicosociales en Colombia.
Objetivo y destinatarios de la resolución
El propósito principal es adoptar formalmente la Política de Desconexión Laboral en la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (UAE-CGN). La política está dirigida a todos los servidores públicos de la entidad, con excepción de quienes ocupen cargos de dirección, confianza o manejo, y en situaciones excepcionales de fuerza mayor. El objetivo es garantizar el derecho de estos servidores a no ser contactados ni requeridos por temas laborales fuera de su jornada de trabajo, incluyendo períodos de vacaciones y descansos.
Principales decisiones y regulaciones
La resolución define claramente la desconexión laboral como el derecho a no recibir comunicaciones relacionadas con el trabajo fuera del horario laboral. Se establecen directrices para promover un ambiente laboral saludable, prevenir riesgos psicosociales y fomentar la conciliación entre la vida profesional y personal. Entre las medidas adoptadas destacan:
- Implementación de procedimientos para reportar posibles vulneraciones al derecho de desconexión, garantizando el debido proceso y la confidencialidad.
- Rol activo del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Prestaciones Sociales en actividades de sensibilización y capacitación sobre gestión del tiempo, desconexión digital y liderazgo.
- Adopción de estrategias tecnológicas, como la parametrización del correo institucional para enviar mensajes automáticos fuera del horario laboral.
- Procedimientos claros para la recepción y trámite de quejas a través del Comité de Convivencia Laboral, con la posibilidad de denuncias anónimas.
- Facultad para que los servidores públicos que consideren vulnerado su derecho puedan acudir al Inspector de Trabajo o a la Procuraduría General de la Nación para la inspección y vigilancia correspondientes.
Base legal y efectos sobre normativas previas
La resolución se sustenta principalmente en la Ley 2191 de 2022, que establece el marco general para la desconexión laboral en Colombia, así como en decretos relacionados con la administración pública y la prevención de riesgos laborales. Además, deroga cualquier disposición que contravenga lo establecido en esta política, consolidando así un marco claro y actualizado para la gestión del derecho a la desconexión dentro de la Contaduría General de la Nación.
Plazos y vigencia
La política entra en vigor a partir de la publicación de la resolución y debe ser cumplida de manera obligatoria por todos los servidores públicos de la entidad, salvo las excepciones legales mencionadas. Se establece un compromiso para implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la efectiva aplicación de la política en el corto plazo.
Impacto potencial
Esta resolución representa un paso significativo en la protección de los derechos laborales dentro del sector público, en línea con la legislación nacional. Al formalizar la desconexión laboral, se busca mejorar el bienestar de los servidores públicos, prevenir el acoso laboral y fortalecer una cultura organizacional que respete los tiempos de descanso y promueva la salud mental y física en el trabajo. La medida también atiende a las particularidades del trabajo remoto y flexible, cada vez más comunes en la administración pública.
En síntesis, la Resolución 226 de 2025 establece un marco claro y efectivo para proteger el derecho a la desconexión laboral en la Contaduría General de la Nación, consolidando el compromiso institucional con la calidad de vida de sus servidores y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta política se convierte en un referente para otras entidades públicas que buscan fortalecer el bienestar laboral y la salud integral de sus trabajadores, contribuyendo así a un ambiente laboral más justo, equilibrado y productivo.