Contexto y antecedentes del proyecto

El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), buscaría modificar el Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación, en particular en lo relacionado con la contratación pública y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta iniciativa se enmarcaría en el cumplimiento de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y otras normas nacionales e internacionales, como la Ley 361 de 1997, la Ley 1996 de 2019 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El proyecto atendería las recomendaciones del Consejo Nacional de Discapacidad y se alinearían con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente los relacionados con la inclusión social y laboral.

Propósito y tema principal

El propósito del proyecto sería ampliar y precisar las medidas afirmativas para promover la participación efectiva de personas con discapacidad en los procesos de compras y contratación pública. Así, se buscaría superar las limitaciones de la reglamentación vigente, que favorecería principalmente a las empresas que vinculan personas con discapacidad, pero que no contemplaría adecuadamente a los emprendimientos y empresas constituidas por personas con discapacidad ni establecería un sistema integral de preferencias para esta población. El decreto se enfocaría en establecer criterios claros para definir emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, así como en implementar un sistema de preferencias que incluya puntajes adicionales, condiciones especiales de ejecución y cuotas de inclusión en contratos, especialmente en contratos de prestación de servicios.

Medidas específicas y modificaciones propuestas

Entre las principales modificaciones que propondría el proyecto de decreto estarían:

Definición de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad: Se establecerían criterios para reconocer como tales a personas naturales con discapacidad que ejerzan profesiones liberales, personas naturales con establecimientos de comercio activos, personas jurídicas con mayoría accionaria de personas con discapacidad, o empresas que vinculen laboralmente a personas con discapacidad en cargos directivos.
Sistema de preferencias en contratación pública: Se consolidaría como un conjunto de medidas afirmativas que las entidades estatales deberían aplicar en las fases de planeación, selección, adjudicación y ejecución de contratos para corregir barreras y fomentar la participación de personas con discapacidad.
Compras públicas accesibles: Las entidades estatales tendrían que incorporar criterios que garanticen la accesibilidad de bienes, obras y servicios para personas con discapacidad, siguiendo principios de accesibilidad universal y ajustes razonables.
Herramientas de planeación inclusiva: Se promoverían ferias de negocios inclusivas, inclusión de criterios sociales en pliegos de condiciones y división de procesos de contratación en lotes para facilitar la participación de emprendimientos de personas con discapacidad.
Puntaje adicional: En licitaciones públicas y concursos de méritos, se otorgaría un puntaje adicional del 2% a proponentes que acrediten vinculación laboral de personas con discapacidad según una tabla que establece mínimos según tamaño de la planta de personal.
Condiciones especiales de ejecución: Se incluirían obligaciones contractuales para priorizar subcontratación inclusiva y la integración de personas con discapacidad en equipos de trabajo.
Cuota de inclusión en contratos de prestación de servicios: Las entidades estatales reservarían un porcentaje de dichos contratos para personas con discapacidad, calculado según el número de contratos celebrados en el año anterior, con rangos que van del 1% al 5%.
Articulación interinstitucional: Se establecería un mecanismo coordinado con el Servicio Público de Empleo para facilitar la identificación, preselección y seguimiento de personas con discapacidad en la contratación estatal.
Acceso y accesibilidad al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP): Se implementarían ajustes para garantizar que personas con discapacidad puedan consultar y presentar ofertas en la plataforma, incluyendo la recolección de datos sobre acciones afirmativas.
Seguimiento y verificación: La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente sería responsable del seguimiento y consolidación de informes anuales sobre el cumplimiento de las medidas, que serían presentados al Consejo Nacional de Discapacidad y al Congreso de la República.
Reconocimientos: Se establecerían reconocimientos para entidades públicas con mayores avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad y campañas de divulgación accesibles.

Participación de actores clave

El proyecto señalaría la participación de varias entidades en la implementación y supervisión de las medidas, entre ellas:

El Departamento Nacional de Planeación, como entidad emisora del decreto.
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, encargada de proponer políticas, verificar el cumplimiento y gestionar la plataforma SECOP.
El Consejo Nacional de Discapacidad, que recibiría informes y emitiría recomendaciones para la política pública.
La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que facilitaría la identificación y selección de personas con discapacidad.
Entidades estatales contratantes, responsables de aplicar las medidas en sus procesos y reportar resultados.

Acceso ciudadano y proceso de observaciones

El decreto indicaría que el proyecto fue publicado en la página web del Departamento Nacional de Planeación para recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía y grupos de interés en un plazo determinado. Además, se habría solicitado concepto a la abogacía de la competencia, al Consejo Nacional de Discapacidad y a la Función Pública, como parte del proceso de elaboración. Los interesados podrían acceder al texto completo y participar en el proceso de consulta para aportar a la construcción final del decreto. --- Este proyecto de decreto representaría un avance significativo en la reglamentación de la Ley 1618 de 2013, buscando consolidar un marco normativo más inclusivo y efectivo para la participación de personas con discapacidad en la contratación pública. A través de un sistema integral de preferencias y acciones afirmativas, se espera fomentar la inclusión laboral, reducir barreras y promover la igualdad de oportunidades en el sector público, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

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Proyecto de decreto del Departamento Nacional de Planeación busca fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en la contratación pública

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