Contexto y competencia judicial

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asumió el conocimiento de una acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Cesar. La acción fue admitida mediante auto y se fundamentó en la presunta vulneración de derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia, atribuida a una supuesta mora judicial injustificada en la resolución de un recurso de apelación dentro de un proceso ejecutivo.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó en una demanda de reparación directa promovida contra varias entidades públicas y privadas por daños ocasionados por cables de electricidad. La demanda fue parcialmente favorable al actor en primera instancia. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo modificó parcialmente la sentencia, condenando a algunas de las entidades al pago de perjuicios. Debido al incumplimiento de la sentencia, se inició un proceso ejecutivo. El juzgado de primera instancia libró mandamiento ejecutivo contra una de las aseguradoras, que apeló la decisión. El recurso fue remitido al Tribunal Administrativo del Cesar, quien demoró en resolverlo. Durante este lapso, el apoderado del demandante solicitó prelación de fallo, y el trámite fue objeto de confusión en cuanto a la autoridad competente para resolverlo. Finalmente, el expediente ingresó al tribunal y se admitió el recurso de apelación. Ante la demora en la expedición del fallo de segunda instancia, el afectado interpuso acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales, solicitando la pronta resolución del recurso y la priorización de sus actuaciones judiciales.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado evaluó los requisitos generales de...