Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro de un proceso de segunda instancia en materia administrativa. El acto procesal corresponde a un auto interlocutorio, por medio del cual se resuelve sobre la procedencia de una medida cautelar solicitada en un medio de control de nulidad.

Antecedentes fácticos y procesales

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en ejercicio del medio de control de nulidad contemplado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó demanda contra el artículo 81 del Decreto 1890 de 1999 y el Decreto 2245 de 2000, ambos expedidos por el Gobierno Nacional. La solicitud principal fue la declaratoria de nulidad de dichas disposiciones, con suspensión provisional de sus efectos, debido a la destinación de recursos del Fondo Nacional de Notariado (FONANOT). En paralelo, otro ciudadano presentó demanda similar contra el artículo 81 del Decreto 1890 de 1999, también solicitando la suspensión provisional. Estos procesos fueron acumulados para su tramitación conjunta. El Consejo de Estado, mediante auto del 26 de junio de 2025, denegó la medida cautelar inicialmente solicitada, al no encontrar, en un examen preliminar, indicios de contradicción con normas superiores ni riesgos financieros comprobados que justificaran la suspensión provisional. Posteriormente, el Consejo vinculó a la Superintendencia de Notariado y Registro como tercero con interés directo, dada su administración de los recursos objeto de controversia. Esta entidad presentó oposición a la solicitud de medida cautelar, argumentando la carencia de fundamento en las pretensiones de los demandantes.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

La Superintendencia destacó que la etapa procesal actual no permite un análisis profundo sobre la supuesta infracción normativa, pues este corresponde a la sentencia definitiva. Enfatizó que la medida cautelar carecía de carga argumentativa suficiente para justificar su procedencia. El Consejo de Estado valoró que la oposición presentada por el tercero interesado no altera la decisión inicial, dado que el artículo 233 del CPACA prevé que la solicitud de medidas cautelares debe ser trasladada al demandado, y la Superintendencia actúa en calidad de tercero. Se reiteró que en esta fase preliminar no se advirtieron vulneraciones claras a normas superiores invocadas por los demandantes, ni riesgos financieros probados que justifiquen la suspensión provisional de los decretos en cuestión. Por ello, el Despacho se mantuvo en la decisión de denegar la medida cautelar.

Resolución final

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, resolvió estar a lo decidido en el auto del 26 de junio de 2025, confirmando la denegación de la medida cautelar solicitada. Esta decisión destaca la importancia de respetar el debido proceso y la necesidad de contar con elementos probatorios sólidos para la procedencia de medidas provisionales que suspendan la vigencia de normas administrativas, especialmente cuando se involucran recursos públicos y la administración de fondos sectoriales como el FONANOT. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

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Consejo de Estado confirma negativa de medida cautelar en controversia sobre recursos del Fondo Nacional de Notariado

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