Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, conoció un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia promovido contra la sentencia de un tribunal administrativo de segunda instancia, emitida el 17 de julio de 2019. La controversia surge a raíz de una demanda interpuesta en mayo de 2015 por varios demandantes frente a la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa. La demanda se relaciona con perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad sufrida entre febrero y junio de 2008. En primera instancia, el juzgado administrativo negó las pretensiones en julio de 2017, decisión confirmada posteriormente por el tribunal administrativo mencionado. Contra esta última sentencia se interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en julio de 2019, el cual inicialmente fue declarado improcedente por un auto en julio de 2020 debido a una interpretación restrictiva sobre la cuantía exigida para la procedencia del recurso. Este auto fue impugnado mediante acción de tutela ante el Consejo de Estado, y en sede de revisión la Corte Constitucional dejó sin efecto dicha decisión, ordenando admitir el recurso. Con base en este pronunciamiento, el tribunal administrativo concedió el recurso y remitió el expediente al Consejo de Estado para su decisión final.

Consideraciones jurídicas y procedimentales

La admisión y trámite del recurso se fundamentan en la normativa vigente contenida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), especialmente en sus artículos 256, 257, 259, 260, 261, 262 y 266, y en el Acuerdo 80 de 2019. Este...