Contexto y competencia del proceso

La providencia judicial fue emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en primera y única instancia para este tipo de procesos. La decisión corresponde a un auto que resuelve excepciones previas, decreta pruebas y fija el litigio, con fundamento en normas procesales aplicables a la nulidad electoral, específicamente los artículos 125 y 182A de la Ley 1437 de 2011. El proceso fue instaurado por varios demandantes que impugnaron el Decreto presidencial mediante el cual se designó en propiedad al actual superintendente de Industria y Comercio. La demanda, admitida inicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego remitida por competencia al Consejo de Estado, cuestiona la legalidad del acto administrativo por presuntas causales de nulidad.

Antecedentes y alegaciones principales

Los demandantes objetan el nombramiento por considerar que no se cumplió con la terminación previa del encargo anterior en el cargo, se omitió responder las observaciones ciudadanas sobre las hojas de vida de los aspirantes, y se vulneraron recomendaciones internacionales sobre independencia de autoridades de control. Además, sostienen que el designado no cumple con los requisitos legales de formación académica y experiencia profesional establecidos en el Decreto 1083 de 2015 para ocupar el cargo. Se argumenta que el acto adolece de falta de motivación, expedición irregular, desviación de poder y violaciones normativas diversas, que ponen en duda la legalidad del nombramiento. También se cuestiona la competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto, proponiéndose que correspondería al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por su parte, la parte demandada, la Presidencia de la República y...