Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue emitida por la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, con ocasión de la impugnación presentada contra una decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá. El proceso judicial se originó a partir de una acción de cumplimiento promovida contra la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la Ley 393 de 1997, para exigir la implementación de una política interna de teletrabajo conforme al artículo 2.2.1.5.18 del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1227 de 2022.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante solicitó que la Fiscalía General de la Nación cumpliera con la obligación normativa de establecer una política de teletrabajo en la entidad pública. La Fiscalía se opuso, argumentando que aún no se había implementado esta modalidad laboral, por lo que no existía un mandato imperativo para adoptar dicha política. En primera instancia, el Tribunal Administrativo declaró improcedente la acción, señalando que el artículo invocado no establecía un mandato claro y obligatorio con plazo específico para su cumplimiento. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Durante el trámite, un magistrado de la Sección Quinta manifestó impedimento para conocer el caso, fundamentado en la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), debido a que su cónyuge trabaja en carrera administrativa para la Fiscalía General de la Nación, entidad demandada en el proceso.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que la función judicial debe sustentarse en los principios de independencia e imparcialidad, garantizados mediante el...