Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso iniciado por una demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Ministerio de Justicia. El caso se originó en el Tribunal Administrativo del Meta, que en primera instancia reconoció parcialmente responsabilidad administrativa por el retardo en la entrega de un inmueble, condenando a la Rama Judicial a indemnizar los perjuicios materiales alegados.

Antecedentes del caso

El demandante, copropietario de un inmueble ubicado en el municipio de Puerto López (Meta), reclamó indemnización por daños materiales y morales derivados de un supuesto retardo injustificado en la entrega del bien. Tras la sentencia inicial favorable parcialmente al demandante, ambas partes interpusieron recursos de apelación. Durante la etapa probatoria en segunda instancia, se decretaron pruebas de oficio para esclarecer aspectos dudosos relacionados con la conducta de funcionarios involucrados en el retardo. En este contexto, surgió la necesidad de incorporar como prueba una providencia penal dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió un recurso extraordinario de casación relacionado con la prescripción de acciones penales y civiles contra funcionarios investigados por conductas vinculadas con el caso. Dicha providencia es esencial para determinar la conducta de los funcionarios y su relación con los perjuicios reclamados.

Consideraciones jurídicas

El auto de mejor proveer se fundamenta en el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que faculta a la autoridad judicial para decretar de oficio pruebas necesarias para esclarecer la verdad material,...