Contexto y tribunal competente

La providencia en análisis corresponde a un auto interlocutorio proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en segunda instancia. Este pronunciamiento atiende un recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia, que resolvió un proceso de pérdida de investidura contra varios concejales del municipio de Fuentedeoro, periodo constitucional 2020-2023.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con una demanda que solicitaba la pérdida de investidura de varios concejales, basada en presuntas causas de inhabilidad. El Tribunal Administrativo del Meta negó la solicitud, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación. En dicho recurso, el apelante acompañó documentos adicionales, incluyendo una denuncia penal sin constancia formal y certificados disciplinarios relacionados con inhabilidades vigentes de un tercero no vinculado directamente al proceso.

Consideraciones jurídicas y decisión

El auto interlocutorio se fundamenta principalmente en el análisis de la admisibilidad del recurso de apelación y en la valoración de las solicitudes probatorias presentadas en segunda instancia. Conforme al artículo 14 de la Ley 1881 de 2018 y el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), las pruebas deben solicitarse dentro de las oportunidades procesales establecidas, preferentemente en primera instancia. El Consejo de Estado determinó que las pruebas documentales aportadas en el recurso de apelación podrían haberse solicitado oportunamente en la demanda inicial. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos legales para su admisión en segunda instancia, tales como la solicitud conjunta de las partes, hechos posteriores o fuerza mayor que impidiera su presentación...