Contexto y antecedentes procesales

El caso se originó con la demanda presentada el 4 de diciembre de 2024 por la sociedad encargada del alumbrado público en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. La empresa solicitó la declaratoria de incumplimiento parcial y la liquidación judicial del contrato de concesión No. 01 de 2000, argumentando que la administración municipal no realizó la liquidación administrativa del contrato ni reconoció los efectos económicos derivados, reclamando una suma cercana a los 1.895 millones de pesos por desequilibrio económico durante la ejecución. El contrato en cuestión, firmado en junio de 2000, establecía que la liquidación debía realizarse una vez finalizado el plazo de ejecución, el cual terminó en septiembre de 2020. Sin embargo, a la fecha de la demanda, no se había efectuado dicha liquidación. La parte demandante también había iniciado un proceso arbitral en septiembre de 2022 para dirimir el conflicto, que fue terminado en septiembre de 2024 por falta de pago de honorarios y gastos del tribunal arbitral. El Tribunal Administrativo de Risaralda rechazó la demanda por caducidad el 31 de marzo de 2025, argumentando que el recurso fue presentado fuera del término legal de dos años contados desde la finalización del plazo para liquidar el contrato. Además, sostuvo que el proceso arbitral terminado por falta de pago no suspende el término de caducidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado analizó si la terminación del proceso arbitral por falta de pago suspende o no el término de caducidad del medio de...