Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto judicial surgió a raíz de una demanda presentada por una entidad promotora de salud (EPS) contra la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital. La EPS solicitó la nulidad de una resolución administrativa que le ordenaba reembolsar una suma superior a nueve millones de pesos por incapacidades laborales que la Secretaría había pagado a sus servidores vinculados. Además, la EPS pidió que se declarara que no estaba obligada a realizar dichos pagos y, en subsidio, la restitución de valores ya cancelados, junto con el reconocimiento de intereses moratorios y perjuicios. El origen de esta controversia se encuentra en el trámite de reconocimiento y pago de incapacidades por enfermedad general y licencias, que conforme a la normatividad vigente deben gestionarse directamente entre el empleador y la EPS. La Secretaría, como empleadora, reportó salarios variables de sus servidores durante varios años y solicitó en diversas ocasiones el reembolso de incapacidades, algunas de las cuales la EPS estimó improcedentes por prescripción, falta de certificación laboral o por haberse expedido fuera de la red de prestación de servicios autorizada.

Desarrollo procesal y planteamiento del conflicto

Inicialmente, el proceso fue asignado al Juzgado Sexto Administrativo, que declaró su incompetencia y remitió el expediente a la Sección Cuarta. Posteriormente, el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo también se declaró incompetente y envió el caso a la Sección Segunda. Ante esta situación, el Juzgado Doce Administrativo, de la Sección Segunda, consideró que el conflicto debía resolverse mediante la figura del conflicto negativo de competencia y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que determinara...