Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia y mediante un auto dictado el 14 de agosto de 2025, realizó un impulso procesal en un medio de control ejecutivo que tiene como actor al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y como demandada a una corporación tecnológica de Bogotá que se encuentra en liquidación y actualmente extinta. La providencia se orienta a clarificar aspectos relacionados con la representación judicial y la administración de los recursos embargados en el marco del proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se inició con medidas cautelares decretadas en 2006, consistentes en el embargo y secuestro de dineros en cuentas bancarias de la corporación demandada, por un monto que en conjunto supera los mil trescientos ochenta y ocho millones de pesos colombianos. A lo largo de los años, el Tribunal ha ordenado reiteradamente a las entidades financieras involucradas la certificación y consignación de los valores embargados a favor de la Rama Judicial, así como la entrega de títulos judiciales correspondientes. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en cuanto a la existencia y registro de un embargo específico por un valor aproximado de treinta y nueve millones de pesos, que fue comunicado inicialmente por la parte demandada pero cuya consignación o soporte documental no fue acreditado debidamente. Por otra parte, la corporación demandada fue declarada legalmente extinguida tras la aprobación de su cuenta final de liquidación en marzo de 2008, lo que implica la pérdida de su capacidad para comparecer judicialmente. Durante el trámite, el Tribunal reconoció la renuncia del anterior apoderado del actor...