Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Tercera – Subsección B, conoció el caso de un consorcio que presentó demanda mediante el medio de control de controversias contractuales contra una empresa estatal promotora del desarrollo territorial. La demanda, radicada en noviembre de 2024, buscaba la liquidación de un contrato y el reconocimiento y pago de diversos costos y gastos derivados de la ejecución y cancelación de varias actas de servicio, cuyos valores suman cientos de millones de pesos colombianos. Inicialmente, la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo la argumentación de competencia en razón de materia, territorio y cuantía. Sin embargo, el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió el proceso a la Oficina de Reparto de los Tribunales Administrativos de Ibagué, al considerar que no tenía competencia territorial. Posteriormente, el Juzgado Administrativo Oral de Ibagué también declaró su falta de competencia funcional por cuantía y remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima. Este último determinó competencia funcional, pero rechazó la competencia territorial, remitiendo el proceso nuevamente a Cundinamarca.

Consideraciones sobre la competencia

La providencia analiza detalladamente la competencia en dos aspectos claves: territorial y cuantía, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones por la Ley 2080 de 2021. En cuanto a la competencia territorial, el artículo 156 de la Ley 1437 establece que en controversias contractuales estatales, esta se determina por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Además, si la ejecución abarca varios departamentos, la competencia se atribuye a prevención al juez ante...