Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en el marco de un proceso de protección de derechos e intereses colectivos promovido por la Personería Municipal de Chía, Cundinamarca, contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otros demandados. El proceso judicial gira en torno a la protección ambiental del predio denominado San Jacinto, especialmente respecto a un cuerpo de agua ubicado en dicho lugar, y la licencia ambiental otorgada para el proyecto “Construcción Troncal de los Andes”. Inicialmente, el Tribunal decretó una medida cautelar en marzo de 2021 que suspendía la resolución que otorgó la licencia ambiental y las obras relacionadas en el predio, hasta que se realizara una caracterización ambiental adecuada del cuerpo de agua no identificado durante el trámite de licenciamiento. Posteriormente, en enero de 2022, se modificó esta medida para levantar la suspensión sobre la licencia ambiental, pero manteniendo la suspensión de obras y actividades en el predio, con excepción de las medidas de seguimiento ambiental establecidas en la licencia. Esta decisión fue apelada y revisada por el Consejo de Estado en febrero de 2023, que confirmó en su mayoría la providencia y estableció plazos específicos para que las partes involucradas rindieran informes sobre las gestiones y medidas adoptadas para proteger el ecosistema del predio.

Consideraciones y alcance de la decisión

En respuesta a la solicitud formulada por la apoderada judicial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Tribunal aclaró que la medida cautelar ordenada no abarca la totalidad del predio San Jacinto, sino que está dirigida exclusivamente a proteger el cuerpo de agua y el hábitat ubicado dentro de dicho predio. Esta precisión se fundamenta en que la restricción de actividades sobre el cuerpo de agua es suficiente para lograr el objetivo de protección ambiental sin suspender la licencia ambiental ni paralizar todas las obras autorizadas. El Tribunal también resaltó la importancia de la consulta exhaustiva de los procesos en los que las partes son parte, facilitando el acceso a través de las plataformas SAMAI y One Drive, garantizando así la transparencia y el debido proceso. Finalmente, la providencia insta a las entidades involucradas, incluyendo la concesionaria responsable del proyecto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura y el municipio de Chía, a cumplir con las órdenes de ingreso al predio, realización de gestiones necesarias y presentación de informes periódicos para dar cumplimiento a la medida cautelar y asegurar la protección ambiental.

Implicaciones procesales

Este auto judicial reafirma la facultad del Tribunal Administrativo para establecer medidas cautelares que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo de proyectos de infraestructura, delimitando de manera precisa el alcance de las restricciones impuestas. Además, pone de manifiesto la importancia del seguimiento y control ambiental como parte integral del ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales. La decisión también ejemplifica la coordinación entre diferentes instancias jurisdiccionales y administrativas para garantizar la protección de los derechos colectivos y la función ecológica de la propiedad, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.